Se cae la opereta: la jueza que denunció la liberación de violadores, confesó que mentía
La discusión sobre políticas para descomprimir la población carcelaria se vio manchada desde un comienzo por la falsedad de los datos y las mentiras en ciertas afirmaciones, con el único objetivo de infundir el temor en la sociedad. Allí es donde entró en juego el accionar de cierto sector de la Justicia.
La jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, quien en las últimas semanas se erigió como la denunciante de una supuesta suelta masiva de violadores con la “excusa” de la posible propagación del coronavirus en las cárceles. “Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)”, expresó días atrás en el marco de una entrevista brindada a Radio Mitre. Al ser consultada por los datos, la mujer de la Justicia aseveró que se trataban de datos difundidos por la Cámara de Casación Penal Bonaerense.
La jueza de #Quilmes, Julia Márquez, desmintió haber dicho que fueron liberados 176 violadores, como publicaron medios masivos y periodistas. pic.twitter.com/zxRimAPkje
— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 2, 2020
Fue la propia Cámara de Casación Penal Bonaerense -en diálogo con página12- la que puso en duda los dichos de la jueza, asegurando que los datos no son tales ni ellos cuentan con ese relevamiento, lanzado con total impunidad.
Tras la desmentida oficial, Márquez decidió volver sobre sus afirmaciones. “No estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada, sino que en un día hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo distintos institutos”, expresó ante la consulta del canal A24.
Domiciliaria a un homicida
Increíblemente, la propia jueza fue la encargada de otorgar la prisión domiciliaria a un hombre condenado por homicidio.
El beneficio fue para Víctor Manuel Carrizo, condenado a 11 años de prisión por homicidio calificado. La pena rige desde el 21 de abril de 2013 y vence el 19 de octubre de 2024. Márquez consideró que la domiciliaria con tobillera electrónica estaba justificada dado que Carrizo está en tratamiento de tuberculosis y eso implica un factor de riesgo de contagio del Covid-19.
Otro dato llamativo es que no hizo caso a la posición de la fiscalía, que se opuso porque no estaba claro si el domicilio donde cumpliría la pena el hombre era apto para el aislamiento. Según consignó Página12, en la resolución no figura que la jueza haya notificado a la víctima.
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