El Amparo Colectivo en contra de la ley 8191 que, ilegítimamente otorga facultades extraordinarias a la Policía de la Provincia.
Esta norma tiene su génesis en el DNU 255/20 por el que el gobernador Gustavo Sáenz habilitó a la Policía a encarcelar hasta por 60 días, trasladar, juzgar y aplicar multas sin dar intervención a ningún Fiscal, Defensor o Juez de la Provincia.
«Mientras a nivel nacional el presidente Alberto Fernández junto a los colectivos de mujeres, jóvenes, trabajadores, profesionales, productores, comerciantes, artesanos y artistas enfrentan la pandemia con un profundo sentido de unidad e inclusión, por la ampliación de derechos con perspectiva de género y equidad; en Salta el Gobernador Sáenz rehabilita prácticas propias de la dictadura, al otorgarle en esta cuarentena obligada poderes extraordinarios para la represión a una fuerza conducida por un ex jefe militar negacionista, que defiende el Terrorismo de Estado» manifiesta un comunicado de prensa emitido por el Frente de Todos salteño.
Esta decisión del Gobernador ha desatado una cruel persecución y represión a los colectivos de pueblos originarios, de jóvenes, mujeres y vecinos de barrios pobres.
«Criminaliza la protesta, ahonda la xenofobia, ataca la solidaridad; profundiza el enfrentamiento en una sociedad que aspira a mayor justicia social.
Las Provincias pueden disponer procedimientos de control para el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio; pero no están facultadas a dictar por vía administrativa normas de contenido penal y coercitivo como lo es la privación de libertad, ni mucho menos a fijar procedimientos de responsabilidad penal y contravencional» afirma la dirigencia de los espacios partidarios que componen el Frente.
«El DNU 255 se parece demasiado a los bandos militares de las dictaduras» destacan los principales referentes del FdT norteño.
«Dotar a la Policía de la provincia a facultad para detener, juzgar y aplicar sanciones, es transformarla virtualmente en juez y parte. Esto constituye una violación al debido proceso legal, en particular, del derecho de defensa en juicio, en los términos del art. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, así como de diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Desde los primeros días de su aplicación -y lo demuestran las denuncias recogidas por organismos de DDHH- el mayor impacto de esta ley recae sobre jóvenes, trabajadores y mujeres de barrios pobres y zonas alejadas, que necesitan salir de su casa para ganarse el pan de cada día. Para peor, son multados, profundizando la discriminación sobre los que menos tienen.
Presentamos este amparo colectivo porque estamos a favor de una seguridad democrática, que reemplace el atropello y el ejercicio del poder abusivo de la violencia por el debido proceso que la Constitución establece para todos los ciudadanos.
Estamos convencidos que la pandemia no justifica la negación de las libertades y el desconocimiento de los derechos de las personas. Nuestro único objetivo es defender la democracia» concluyen al respecto de lo presentado desde el Frente de Todos.
