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REPUDIO A LA BRUTAL REPRESIÓN CONTRA LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE HUMAHUACA
"Denunciamos la complicidad del Poder Judicial de la provincia, encabezado por el juez Juan Pablo Calderón" H.I.J.O.S
Desde H.I.J.O.S. Jujuy manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la represión y el desalojo forzado ejecutado por la policía provincial contra la Comunidad Santa Rosa de Humahuaca.
El operativo, en el que se disparó a mansalva ignorando la presencia de niñxs, terminó con personas heridas y detenidas por defender sus tierras ancestrales.
Denunciamos la complicidad del Poder Judicial de la provincia, encabezado por el juez Juan Pablo Calderón y la jueza de Paz Fabiola Salas, quienes avasallaron los derechos colectivos de los pueblos originarios. El atropello es total: la propia Dirección de Inmuebles reconoció errores en los planos que afectaron la vivienda de la familia Soruco. Sin embargo, el Gobierno provincial ignoró las advertencias y la personería jurídica de la comunidad, respondiendo con violencia en vez de diálogo.
Este accionar viola la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que protegen los territorios comunitarios. El avance territorial se consolida así como una política de Estado orientada a favorecer negocios inmobiliarios y extractivos sobre los derechos humanos.
Ante la gravedad de los hechos, nos solidarizamos con la comunidad de Santa Rosa de Humahuaca y exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de todas las personas detenidas durante el violento operativo policial y el cese inmediato de los desalojos y de la represión contra las comunidades originarias de Jujuy.
Demandamos que las autoridades judiciales y policiales responsables de la violencia institucional ejercida, sean investigadas, y que el Estado garantice la regularización del territorio de la comunidad, en cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
La memoria, la verdad y la justicia también se ejercen defendiendo la tierra, la vida y la autodeterminación de quienes habitan y resguardan nuestros territorios.
Según denuncian las familias de la comunidad, la medida judicial no habría considerado sus derechos como Pueblo Indígena. También señalan a la jueza de Paz Fabiola Salas por no respetar sus derechos colectivos sobre el territorio.
Enrique Farfán, presidente de la comunidad de Chocoya, explicó que el conflicto estaría vinculado a un error en los planos realizados por la Dirección de Inmuebles. “Inmuebles reconoció que el plano está mal”, afirmó, al señalar que una vivienda de la familia Soruco —integrante de la comunidad— habría quedado incorrectamente ubicada en la documentación catastral utilizada en la causa.
La comunidad sostiene que cuenta con personería jurídica y denuncia que el territorio comunitario está siendo afectado por una decisión basada en información errónea. Ante la situación, convocan a comunidades, vecinxs y organizaciones a acompañar y resistir el desalojo.
teleSISA
