REVISAN EN AUDIENCIA PÚBLICA LA TARIFA INTEGRAL PARA LA ELECTRICIDAD EN EL PAÍS

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad lleva adelante un proceso de renegociación tarifaria a partir de la auditoría técnica, jurídica y económica que efectuó sobre la Revisión Tarifaria Integral desarrollada entre 2016 y 2017.

Según las conclusiones de esta evaluación, aquella RTI no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente, y por lo tanto vulneró el marco regulatorio y los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.

Con el objetivo de dotar de transparencia la negociación mencionada, el ENRE solicitó a las distribuidoras y transportistas bajo su control la presentación de propuestas de requerimiento de fondos acordes a esta etapa de transición. Una vez recibidos los informes correspondientes, los publicó y convocó a las cinco audiencias cuya última fecha se cumple este miércoles 31 de marzo.

Acostumbradas a los privilegios, EDENOR y EDESUR presentaron pretensiones usurarias del 81% al 157% como márgenes de aumento en las tarifas, lo que sin dudas generó la reacción de la Interventora del ENRE, Soledad Manín, quien en declaraciones a la prensa sostuvo que los aumentos en el área serán semestrales y se realizarán conforme el «análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones» realizados por estas empresas. Manín además dijo «durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos que permitan avanzar en un nuevo esquema de tarifa social segmentada y focalizada a aquellas personas y familias que no puedan hacer frente al costo de la energía”

Para la interventora, “evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios y eso tiene que ver con variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía».

Aunque advirtió que » el aumento no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive», aseguró en consonancia con lo anticipado por  el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.https://www.argentina.gob.ar/noticias/edesur-y-edenor-pidieron-subas-de-hasta-el-81-y-el-157-en-las-facturas

Durante la primera jornada de la Audiencia correspondiente al 30 de marzo, las autoridades del Ente escucharon la exposición de más de 70 personas usuarias y representantes de la sociedad civil. La audiencia contó con representantes de las empresas de distribución, autoridades nacionales y provinciales; de los defensores del Pueblo de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, expusieron legisladores nacionales y provinciales, concejales, intendentes y representantes de la asociación de electrodependientes de la República Argentina, de la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, representantes de las Multisectoriales, la cultura, cooperativas y clubes de barrio.

Uno de los temas recurrentes, por parte de las fábricas recuperadas, salas de teatro y clubes de barrio, fue la dificultad para la recuperación del poder adquisitivo, lo que hace impensable afrontar un aumento desmedido de las tarifas de energía eléctrica.

Por otro lado, gran parte de los y las oradoras se refirieron a la calidad de servicio del área de concesión de ambas distribuidoras.

Quedó a la vista que, si bien en determinadas zonas las distribuidoras poseen niveles de servicio acorde a los senderos estipulados, este número cae drásticamente al mirar en detalle los porcentajes de calidad de servicio en gran parte de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Las propuestas presentadas por las empresas transportistas y distribuidoras TRANSENER, TRANSBA, DISTROCUYO, TRANSNEA, TRANSNOA, TRANSPA, TRANSCO, EDENOR Y EDESUR; se hace en un contexto en el que la Intervención del ENRE no le es afín a sus intereses y lo que prima es el cuidado del bienestar general sobre todo de los sectores que durante el macrismo fueron excluidos a la pobreza energética, la baja del consumo energético y la desconexión en el caso del servicio de electricidad por la sobrefacturación del mismo y la dolarización del cuadro tarifario.

Cabe mencionar que el precio de la energía a nivel país en promedio se encuentra subsidiado en un 52%, con lo que el pago por parte de los usuarios es del 48% del costo de generación, y a ese componente de la factura que reciben todos los usuarios hay que adicionarle los costos de transporte y distribución.

Se debe recordar que EDESUR reclamó $22.160.000.000 en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario y presupuestó un aumento del 253% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) (margen de ingresos de la empresa descontando la compra de energía), con respecto a 2020, siendo para 2021 un total de $54.000.000.000.

Por su parte, EDENOR reclamó un total de $38.477.000.000 por ingresos no percibidos. La propuesta de aumento sobre el VAD alcanza el 109% respecto de 2020, alcanzando un total de $61.000.000.000 para 2021.

Esta prestataria propone una reducción en la cantidad de categorías para las Personas Usuarias Residenciales, un cambio en la estructura tarifaria, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad sus ingresos y que de aplicarse generaría un incremento del 157% en las facturas de casi 800.000 personas.

Otro modelo político y económico

En su discurso Manín destacó que el eje se modificó con la gestión actual y que se encuentra en las antípodas de lo que se proponía el macrismo en el manejo energético.

“Finalmente, la etapa 2016-2019 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía. Ello llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por las personas usuarias, mientras que las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos. Asimismo, el Estado abandonó su rol planificador y las escasas obras realizadas durante ese período fueron impulsadas sólo por el sector privado y bajo contratos en dólares. Esta política afectó la actividad económica, el empleo y el bolsillo de las familias argentinas, que debieron destinar una masa creciente de su salario para pagar la energía. Claramente hablamos de otro modelo diferente ¿no?.

A grandes rasgos, el gobierno de la Alianza Cambiemos impulsó una política tarifaria basada en el denominado sinceramiento de precios y la defensa de la transparencia que arrojó como resultado la reducción de subsidios y la mejora de ingresos de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica” dijo la Interventora del ENRE.