EEUU: Trump en abierta persecución contra fiscales generales y Departamento de Justicia
Clima de alta confrontación y cuestionamientos
Desde la administración de Donald Trump se mantiene un clima de alta confrontación y cuestionamientos directos hacia la figura del Fiscal General y la independencia del Poder Judicial estadounidense.-
Acusaciones de persecución política e instrumentalización del Poder Judicial: Trump ha calificado reiteradamente a los fiscales generales y fiscales de distrito querellantes —como Letitia James en Nueva York o el ex fiscal especial Jack Smith— de encabezar una «cacería de brujas» motivada ideológicamente para perjudicar su gestión e imagen pública.
Destitución de autoridades en el Departamento de Justicia: En el marco de duras disputas internas por el manejo de expedientes sensibles (como la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein), Trump desplazó a la ex fiscal general Pam Bondi.
Designación de aliados clave: La decisión de nombrar en la cúpula del Departamento de Justicia a su exabogado personal, Todd Blanche, desató fuertes acusaciones de la oposición demócrata, que señala que se busca convertir al máximo organismo de justicia penal del país en un instrumento de protección para aliados y de represalia contra adversarios políticos.
EL ANTECEDENTE HISTÓRICO QUE TRUMP TOMA PARA SU PROPIA DEFENSA: EL WATER GATE
Nixon, resucitado como un mártir presidencial es utilizado por Trump para posicionar que la justicia al investigarlo, no hace más que someterlo a un posible lawfare.
Escribe respecto de esto Pablo R. Suanzes Corresponsal Washington del diario El Mundo: «Donald Trump está obsesionado con lo que considera maniobras políticas y judiciales para acabar con él y todos sus aliados desde hace una década. «Rusia, Rusia, Rusia» es la fórmula con la que el presidente descalifica como conspiración y fake por ejemplo todo lo relacionado con las sospechas de injerencia rusa en las elecciones de 2016 y con las investigaciones posteriores, que revelaron comportamientos irregulares de varios de sus principales asesores, alguno de ellos condenado. Para él, es todo un «engaño» (hoax) inventado por sus adversarios para deslegitimar su victoria y minar su presidencia. Igual que nunca ha admitido su derrota en 2020, nunca ha admitido nada problemático en su entorno, y por eso si algo ha caracterizado este segundo mandato han sido sus intentos para ‘compensar’. A través de continuas quejas, de perdones presidenciales para condenados e incluso con el intento de establecer un fondo dotado con miles de millones de dólares para retribuir a quienes se sintieran perseguidos y acosados por los demócratas, incluyendo potencialmente los asaltantes del Capitolio.»
Pero ahora, la administración baraja algo todavía más surrealista. Según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia está meditando abrir una investigación en profundidad para estudiar si el fiscal especial que investigó el allanamiento del Watergate, que acabó llevando a la dimisión de Richard Nixon, «cometió irregularidades». El diario explica por ejemplo que Geoff Shepard, un ex asesor de Nixon convertido en «historiador y revisionista del Watergate», dio recientemente una charla de dos horas en la sede del Departamento de Justicia, donde expuso su teoría de que el «Estado profundo» derrocó al republicano Nixon. «El título de su presentación de 78 diapositivas fue ‘Watergate como lawfare'», explica el Journal.
El momento no es casual. El periódico destaca cómo una parte del Partido Republicano ve «en el combativo expresidente, detestado por la prensa y asediado por investigaciones» un paralelismo más que evidente con Trump. Durante un discurso en la Biblioteca Presidencial Nixon en California, este verano, el vicepresidente JD Vance hizo precisamente esa comparación. La frase más célebre de esa intervención es aquella en la que Vance decía, muy probablemente con razón, que algo como lo del Watergate hoy sería visto como algo menor y de ninguna manera tumbaría a un presidente. Pero fue más allá.
«Creo que su legado histórico está experimentando un resurgimiento, y me parece merecido«, dijo Vance sobre Nixon. «Como bromeé entre bastidores, si el escándalo Watergate ocurriera mañana, sería noticia de primera página. Es una locura pensar que pudiera haber derrocado a una presidencia (…) Y, por cierto, si analizamos cómo el poder oculto acabó con Richard Nixon, no es tan diferente de lo que los mismos grupos —las mismas instituciones— intentaron hacerle a Donald Trump durante su primer mandato. Existe un paralelismo», declaró.
Este mismo jueves, el congresista republicano Riley Moore, de Virginia Occidental, mantenía la misma tesis que los revisionistas. «A Richard Nixon absolutamente lo echaron del cargo mediante un golpe y fue incriminado. Todo esto fue falso. Hoy sabemos mucho más del estado profundo y su poder», dijo en una comparecencia. «Un aspecto interesante de esto es que Nixon lo sabía todo. Lo sabía, y guardó silencio al respecto. Porque no quería minar la confianza del pueblo estadounidense en nuestro sistema de gobierno y nuestras instituciones. Ahora que la verdad ha salido a la luz, creo que la gente se siente un poco más libre para hablar de Richard Nixon y del extraordinario presidente que fue para este país», concluyó.
No es sólo eso. La semana pasada, los aliados de Trump y Vance (entre ellos algún senador que suena en las quinielas como posible vicepresidente de Vance si éste opta a la presidencia) atacaron duramente en el Congreso a Jack Smith, el fiscal especial que investigó a Trump pero que tuvo que parar su trabajo y perdió el trabajo en el Departamento de Justicia cuando éste ganó de nuevo las elecciones.
El paralelismo es de nuevo claro. El Grupo de Investigación Especial del Watergate, estuvo dirigido al principio por el fiscal especial Archibald Cox, pero Leon Jaworski se hizo cargo de la investigación después de que Nixon ordenara el despido de Cox en lo que se conoce como Masacre del Sábado por la Noche. Cox, al conocer su existencia, exigió a Nixon las cintas de las conversaciones grabadas en el Despacho Oval. Nixon se negó invocando el privilegio ejecutivo y ofreció, en cambio, un resumen elaborado por sus propios asesores. Además, Nixon ordenó al fiscal general, Elliot Richardson, que despidiera a Cox. Richardson se negó y dimitió. Nixon dio la misma orden al número dos, William Ruckelshaus, que también se negó y fue cesado. Al final, el abogado general Robert Bork le hizo caso y cerró la oficina del fiscal especial. No sirvió de nada. La verdad se acabó conociendo y el presidente dimitió y fue perdonado por su sucesor para evitar juicios y condenas.
Las fuentes del periódico neoyorkino explican que el mes pasado, un alto funcionario del Departamento de Justicia invitó a Shepard a presentarse en la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por sus siglas en inglés), un organismo de control interno que investiga denuncias de mala conducta. Una oficina que nació precisamente a raíz del escándalo Watergate. Hace cuatro años, Justicia, con Joe Biden como presidente, rechazó la solicitud de investigación de Shepard, argumentando que habían transcurrido muchos años desde los hechos en cuestión para que ellos pudieran hacer nada. Pero «según fuentes cercanas al asunto, los funcionarios actuales querían escuchar su versión. La revisión es preliminar y no está claro si dará lugar a una investigación exhaustiva», dice el WSJ.
«Dada su experiencia y conocimiento sobre el caso Watergate, recientemente fue invitado a dar una presentación», ha reconocido una portavoz del Departamento de Justicia, «pero dicha presentación no constituye una investigación. La Oficina de Responsabilidad Profesional sigue centrada en garantizar que los abogados del Departamento cumplan con los más altos estándares profesionales».
