¿Quién pagará la reconstrucción?
Pasaron 100 días desde el final del mandato de Mauricio Macri hasta el inicio de la cuarentena. Algo más de tres meses en los que la gestión de Alberto Fernández concentró sus energías en el combate contra el hambre y la renegociación de la deuda.
Por Claudio Siniscalco
Desde el 20 de marzo el Gobierno atiende casi exclusivamente la emergencia sanitaria, que genera, aquí y en el mundo, una crisis económica nunca vista. Y el proyecto de un impuesto a la riqueza marcha con mucha mayor lentitud que las operaciones para desgastar al Presidente.
Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), nuestra región registrará este año una caída de su PBI del 5,3%, la mayor de su historia. Mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé que 170 países entrarán en recesión, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más de 1600 millones de trabajadores corren peligro de perder sus fuentes de ingresos, a la vez que unos 400 millones de comercios y empresas enfrentan el riesgo de la desaparición.
La contundencia de estos datos –a los que se podrían agregar muchos más- explica con creces la gravedad de la crisis y justifica la necesidad de apelar a herramientas extraordinarias para superarla, pero no es suficiente para impedir declaraciones como la de Alfonso Prat Gay, que dijo que para frenar la curva de contagios “hemos destrozado la economía”.
El ex ministro macrista supera lo explicitado hasta el momento por los voceros del establishment. Invierte el sentido de las cosas, en esa alteración perversa de la lógica y de la realidad propia del pensamiento de Cambiemos, pero va más allá: «El golpe fuerte a la economía no es el virus. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los Gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos”, dice, argumentando que la culpa es del Presidente y no de la pandemia. Y añade, en defensa de los intereses corporativos: “Cada semana de cuarentena se pierde la mitad de lo que normalmente se hubiera producido».
En momentos en que se debate un impuesto extraordinario a las grandes fortunas como una de las formas de paliar los efectos de la pandemia, Prat Gay lanza su planteo, en nombre de la clase dominante a la que representa:
Si el que “destroza la economía” es el Gobierno, ¿por qué habría que aceptar que los multi millonarios paguen un impuesto extraordinario, cuando, además, el Presidente los obliga a mantener cerradas sus empresas?
¿Quién pagará la reconstrucción?
Las consecuencias de cuatro años de neoliberalismo, a las que se suman los efectos de la pandemia, colocan a la Argentina en un escenario de posguerra.
Y en toda posguerra surge el interrogante sobre quién debe financiar la reconstrucción. Con un Estado diezmado y la mayoría de la población empobrecida o en la cuerda floja, las opciones no son muchas.
Resignarse a convivir con la tierra arrasada, o recuperar el mandato histórico del peronismo, afectando a los poderosos para que reinen nuevamente el amor y la igualdad.
