La Justicia Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ordenó detener las actividades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero en la cuenca norte del archipiélago.
La medida fue dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien hizo lugar a un planteo presentado de manera conjunta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
La resolución judicial apunta directamente contra las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, operadoras del proyecto petrolero conocido como Sea Lion, ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Además de ordenar la suspensión del avance de las obras y explotaciones, la magistrada intimó a ambas compañías a presentar un informe detallado sobre el estado actual del proyecto dentro de un plazo perentorio de 10 días.
El fallo sienta un precedente clave en el resguardo de la soberanía argentina sobre el territorio insular y en la protección del medio ambiente en el Atlántico Sur.
La medida judicial incluyó requerimientos de información a tres organismos clave del Gobierno nacional:
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Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental: Deberá detallar si constan avisos de proyecto, evaluaciones de impacto ambiental o certificados de aptitud ambiental vinculados a la iniciativa «León Marino».
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Secretaría de Energía: Tendrá que presentar los antecedentes de las empresas Rockhopper, Navitas y firmas asociadas, además de reportar el estado de las resoluciones administrativas previas aplicadas a operadoras en la plataforma continental argentina.
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Ministerio de Relaciones Exteriores: Le exigieron informar si las compañías involucradas contaron alguna vez con autorizaciones o permisos oficiales para operar en Malvinas, así como remitir actuaciones, investigaciones o sanciones previas en el marco de la Ley 26.659.
