Si la salud es un derecho, el medicamento deja de ser una mercancía para constituirse en un bien social y, por lo tanto, su accesibilidad por toda la población debe estar garantizada por el Estado.
Por Ana Franchi (*) y Leticia Bentancor (**)
En un marco de esas características la Producción Pública de Medicamentos (PPM) es, sin lugar a dudas, un área estratégica en salud. El gasto poblacional promedio en medicamentos en Argentina es responsable de más del 40% del gasto total en salud (Fuente MSAL, 2010), cifra muy elevada en comparación con Europa donde ronda el 20%.
En Argentina, la industria farmacéutica tiene un acentuado desarrollo registrándose unas 250 empresas activas, que emplean en forma directa a 40.000 personas, cifra que trepa a casi 120.000 si se incluye la cadena de distribución comercialización y actividades afines. Tiene un nivel de facturación del orden de 5.200 millones de dólares, exportaciones del orden de los 900 millones de dólares. Pero el sector tiene una balanza comercial deficitaria que en al año 2017 fue de 1.650 millones de dólares (La Nación; 08/02/2018). Dicha diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, es lo que de alguna manera genera la dependencia económica con los países que poseen una mayor industrialización de productos de mayor complejidad.
La estructura es altamente oligopólica, donde sólo veinte entre 300 laboratorios facturan el 80% del gasto en medicamentos y cuatro entre 450 droguerías concentran el 70% del mercado
A esta situación se suma que la inflación ha impactado en el precio de los medicamentos más que en los otros rubros, siendo el aumento del 270% entre fines del 2015 y mayo del 2019 mientras que la inflación general fue del 204%.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (CFPBA) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) muestran que la caída en el consumo de medicamentos es estrepitosa. La variación interanual (2019-2018) en unidades vendidas fue del 10 %, esto no sucedía desde el 2001. La suba del valor de los medicamentos, por encima de la inflación promedio, hizo caer las ventas minoristas.
El mercado suele definirse como “inelástico”, es decir, que más allá de los problemas financieros suele mantener sus niveles de venta, por la necesidad que genera su uso, pero en estos momentos esta definición está en discusión
La difusión de la biotecnología moderna aplicada a la salud en la Argentina comienza a principios de los 80, en colaboración con científicos locales, se desarrollan técnicas de producción y diseño de nuevos medicamentos. Se basó en el desarrollo de biotecnológicos a partir de los denominados biosimilares o bigenéricos, fabricados y comercializados en laboratorios farmacéuticos nacionales desde los comienzos de la década de los 90.
Durante la última década, la actividad de los laboratorios estatales creció notablemente en la Argentina, al punto de crear una red de casi 40 plantas, que dependen de Nación, las provincias, los municipios y universidades nacionales y abastecen al sistema público y privado de todo el país.
Se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 provincias (Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco y Mendoza). Los medicamentos públicos fueron una alternativa a la emergencia luego de la crisis del 2001, y se fueron potenciando de la mano de sus ventajas estratégicas.
El 28 de agosto de 2002 se sancionó en nuestro país la ley 25.649 de «Especialidades Medicinales y Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico», que indica que toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento.
Pero, en el segundo párrafo de la ley se puntualiza como criterio adicional que la receta podrá indicar, además del nombre genérico, el nombre o marca comercial. Este agregado, junto a la presión de los laboratorios, que imponen en el mercado medicamentos de determinadas marcas, ha llevado al incumplimiento de la ley. La ley de genéricos, vigente en la actualidad, se cumple en menos del 30% de las recetas. Según datos de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y Uso Hospitalario (Capgen), hasta el año 2006 el negocio de los genéricos llegó a alcanzar el 40% del mercado, pero ya en 2013 los genéricos cubrían el 9% del mercado total.
En el año 2017 un proyecto de la diputada Carolina Gaillard (Frente para la Victoria) propuso una reforma a la ley de prescripción de medicamentos para impedir que se recete por el nombre comercial. Este proyecto fue rechazado por el bloque de diputados de Cambiemos
Durante el último gobierno, dos leyes fundamentales aportaron al desarrollo de la producción pública de medicamentos.
En 2011 se sancionó la ley 26.688 que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos como bienes sociales. Su objetivo principal es promover y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública.
Esta ley pone al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Considera como laboratorios de producción pública a los del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.
En diciembre de 2014 se sanciona la ley 27.113 por la cual se crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos -ANLAP- y a quien le asigna, entre otras, las siguientes funciones: Garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley 26.688, diseñar las políticas públicas de investigación y producción pública de medicamentos, definir prioridades en líneas estratégicas de producción, brindar asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos que se desenvuelven en los laboratorios de producción pública.
La producción pública es una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales. Tener tecnología propia es un instrumento de negociación. La producción pública de medicamentos también ayudará al sector de laboratorios privados impidiendo la cartelización del sector.
Los laboratorios de capitales argentinos nucleados mayoritariamente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y en la Cámara Empresaria de la Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), consideran que el Estado debe intervenir sólo en la regulación de su actividad pero sin entrar en el terreno de la producción.
Las empresas farmacéuticas locales, como en todo el mundo, no forman sus precios sobre una estructura de costos sino que se rigen por valores de mercado. El precio de los medicamentos es uno de los factores que más están impactando en la desfinanciación de los sistemas públicos de salud en el mundo
Los laboratorios privados no producen medicamentos de reconocida acción terapéutica, aunque de escasa rentabilidad, como los denominados “huérfanos”, que se utilizan en el tratamiento del mal de Chagas, la hidatidosis o la tuberculosis, por mencionar algunos casos. Su objetivo no es priorizar la función social de los mismos, sino obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible.
La concepción de abastecer de medicamentos para resolver necesidades sociales a través de la compra, como proponía el programa Remediar entre otros, tampoco tiene en cuenta que los medicamentos, vacunas e insumos médicos son un área particular cuya dinámica necesita de investigación y desarrollo permanente. De los aproximadamente 150 laboratorios farmacéuticos privados de capitales argentinos, sólo en 3 o 4 de ellos se hace investigación y desarrollo.
El impacto económico también se ve en la reactivación de toda una cadena de valor. En la medida en que se complejizan los laboratorios, necesitan el soporte de pymes. Es como lo que pasó con la producción de satélites. Muchas veces, los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada.
También hay un impacto científico, a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan. Por otro lado, la producción pública sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios.
La producción nacional de medicamentos permitirá ofrecer un sustituto de calidad equivalente a precios inferiores (actualmente los precios son triplicados por los distribuidores), tiempos de entrega significativamente menores (días vs. meses) y mayor facilidad de compra. La PPM es, esencialmente, un proyecto de carácter integral e interdisciplinario que, obviamente, necesita del aporte de distintas ramas del conocimiento (medicina, química, ingenierías, biología, bioquímica, etc.). En consecuencia, la activación de un proyecto con estas características tendría un fuerte impacto sobre el sector científico-tecnológico.
(*) Investigadora del CONICET, CEFYBO (CONICET-UBA).
(**) Investigadora del CONICET – Universidad Nacional de José C Paz. Profesora Adjunta – Universidad Nacional de Quilmes. Artículo publicado por APU.
