Mi pobre angelito
El polémico juez Claudio Bonadio acumuló más de 50 denuncias en el Consejo de la Magistratura, la mayoría por mal desempeño; sin embargo, una gran cantidad de ellas fueron curiosamente desestimadas. Hoy, sólo quedan nueve.
Como es sabido, Bonadío forma parte de la lista de los famosos “jueces de la servilleta”: aquellos magistrados cuyas decisiones, según el ministro de Economía menemista, eran funcionales al entonces presidente. Además, el juez fue funcionario de la época neoliberal: ocupó el cargo de subsecretario de Carlos Corach -el ministro del Interior de Carlos Saúl- en la Secretaría Legal y Técnica.
De las nueve causas, dos están vinculadas a la dilatación de casos emblemáticos de corrupción que tuvieron lugar durante la década del ’90. Claudio Bonadío está sospechado de poner un manto de impunidad sobre figuras preponderantes de la era menemista.
Uno de ellos tiene que ver con el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A. En 1990, la curtiembre Yoma SA perteneciente al ex cuñado del entonces presidente -hermano de su esposa, Zulema Yoma- le cedió títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y las entidades bancarias, sólo que la empresa ya había cedido los mismos títulos al Banco Macro, por lo que la maniobra implicaba una estafa al Banco Nación, y por lo tanto, al Estado, adeudando más de 80 millones de pesos.
Claudio Bonadío está sospechado de poner un manto de impunidad sobre figuras preponderantes de la era menemista.
El caso se mantuvo en silencio hasta la asunción de Néstor Kirchner, quien no dudó en denunciar públicamente que el fraude perpetrado por los Yoma implicaba una estafa al país. Sin embargo, la causa, que recayó en la oficina de Bonadío en el año 2000, se mantuvo en stand-by durante una década.
El juez se tomó cinco años para llamar a los imputados a declaración indagatoria, dejando margen para todo tipo de maniobras evasivas, y otros cinco más para conceder la elevación a juicio que pidió el fiscal.
La otra denuncia tiene que ver con la causa Tandanor, que investigaba la operatoria del consorcio Marítimo SA, la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90 por ciento de las acciones de Tandanor por siete millones de pesos en efectivo y otros 52 millones mediante cheques de pago diferido y una póliza de caución, pero la firma resultó insolvente y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.
Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) fue intervenida, privatizada y desguazada. Sólo sobrevivieron las 21 hectáreas de Costanera Sur, donde ahora se levanta el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). La escuela de aprendices, donde se formaron los operarios que daban vida a los talleres navales, no logró capear la embestida. Su ubicación era privilegiada y el verdadero hueso, las ocho hectáreas en el barrio porteño de Retiro, donde se iban a levantar varias torres con inspiración neoyorquina. Finalmente el negocio no prosperó.
La causa judicial empezó en 1999 y en 2006 terminó la etapa preparatoria, pero Bonadio tardó tres años más para elevarla a juicio. La denuncia por defraudación al Estado y administración infiel fue elevada a juicio oral una vez que la causa prescribió, y, sugestivamente, dos años después de la muerte del ex ministro Erman González, uno de los principales imputados.
Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío.
La tragedia de Once, ocurrida en el año 2012 que dejó un saldo de 52 muertos y 789 heridos le deja al polémico juez tres denuncias más. Estas le endilgan tardanza en los llamados a indagatorias y el haber dado la orden de cesar la búsqueda de sobrevivientes impidiendo a los bomberos continuar con su trabajo.
Entre las víctimas del choque estaba Lucas Menghini Rey. El joven de 20 años viajaba en el tren de la línea Sarmiento que chocó contra el andén el 22 de febrero de 2012. Durante dos días sus familiares y amigos lo buscaron intensamente. No sabían si estaba perdido o internado. Los agentes de la Policía Federal finalmente encontraron su cuerpo en la cabina auxiliar del conductor situada en el cuarto vagón de la formación. Lucas estaba muerto.
Aunque los bomberos planearon distintas estrategias e incluso se ofrecieron a seguir buscando durante la noche, el juez ya había cerrado la búsqueda. Sin embargo, cuando estalló la polémica por la ineficiencia del operativo, Bonadío decidió imputarlos por incumplimiento de deberes. Uno de ellos fue, más tarde, víctima del derrumbe producido en las oficinas de Iron Mountain. Sus familiares lamentaron que el bombero voluntario y uno de los héroes de aquella tragedia falleciera procesado. Es por esto que el juez tiene otro expediente por contaminación de la causa.
Fue conocida la guerra entre Bonadío y el abogado querellante de más de 700 víctimas del accidente, Gregorio Dalbón, quien finalmente denunció al magistrado por «mal desempeño» y por «posible comisión de delito en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales» en la causa por la tragedia. Según se denuncia, Bonadio asistió a numerosos actos procesales que dan muestra elocuente de un comportamiento arbitrario por parte del juez, que utilizó la causa de Once «para fines propios y no para la búsqueda de la verdad». “Lo importante es la verdad y no lo que Bonadío inventó”, declaró el abogado ante la prensa.
Para Dalbón, el juez apuntó a funcionarios nacionales para “politizar la causa” y “hacer caer al gobierno”, mientras que en realidad, el verdadero responsable era el maquinista, considerando que “el tren era un típico tren argentino, pero frenaba. Uno no puede condenarlos a todos porque el tren no frenó. Si el sistema de frenos respondió y el hombre no, es por él»
El juez fue notificado de la existencia de esta denuncia en su contra y de la oportunidad de hacer su descargo, cosa que nunca hizo.
Bonadío fue denunciado por “mal desempeño” y “abuso de autoridad”, por Andres Sergio Marutian, el abogado del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, imputado por el delito de administración fraudulenta
El magistrado resolvió rechazar in límine un pedido de exención de prisión de su defendido sin dar intervención al Fiscal, e incurriendo en una demora injustificada de 72 horas en la elevación del incidente de apelación de la resolución denegatoria de la libertad. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó lo dispuesto por Bonadio, y precisó que los motivos expresados por el juez en oportunidad de resolver en dicha incidencia, eran irrazonables.
Seguramente una de las causas más sensibles que han sufrido la inoperancia de este juez fue la que surgió de la denuncia de Luis Echarren, una de las víctimas de un contagio masivo HIV y Hepatitis C que se generó en la Fundación Hemofílica por el suministro de concentrados importados contaminados.
Entre las irregularidades que se le adjudican a Bonadio figura la «demora injustificada» en la citación a indagatoria de los imputados, las que fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa en el año 2006.
Entre las irregularidades que se le adjudican a Bonadio figura la «demora injustificada» en la citación a indagatoria de los imputados, las que fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa en el año 2006.
Los responsables fueron cuatro directivos de la entidad y los titulares de los laboratorios Bayer, Gador, Inmmuno y Merieux, contra los que se abrió un expediente en la Justicia que fue manejado por Bonadio. Sin embargo, el juez sobreseyó tres veces a los acusados, pero en las dos primeras, la Cámara Federal porteña le revocó la decisión y le ordenó reactivar la causa, mientras que en la tercera hubo un fallo dividido y el caso llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que desde 2012 está analizando el expediente.
Luis Echarren, que sufría padecimientos físicos y neurológicos, falleció en enero de este año sin que la causa judicial haya sido aún resuelta, al igual que muchas otras víctimas que murieron sin la posibilida de, siquiera, prestar declaración.
Otras dos denuncias acusan al magistrado de obstaculizar el ejercicio a la defensa y de ejercer maltratos. Una es la presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, que relata haberse presentado en varias oportunidades ante el Juzgado de Bonadio para solicitar un certificado de sobreseimiento, pero que nunca logró que le sea expedido o bien, le era entregado en forma defectuosa sin obtener explicaciones del juez o de ninguno de sus empleados, de quienes refiere haber recibido malos tratos y discriminación. A raíz de esta denuncia, se le solicitó al juez el envío de documentación referente al tema, pero éste jamás respondió.
Otras dos denuncias acusan al magistrado de obstaculizar el ejercicio a la defensa y de ejercer maltratos
La otra fue presentada por la abogada Gloria Raquel Altamirano, quien acusa a Bonadío de «violaciones graves a sus deberes» por «obstaculizar» el ejercicio de la defensa técnica. Según se indica, Bonadio le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, además de recibir «un trato cruel, inhumano y degradante» por parte del magistrado y del personal del juzgado a su cargo.
Finalmente, el ex titular de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa, presentó una denuncia por “mal desempeño” en el marco de una causa por «severas irregularidades» en el proceder del magistrado, que inició una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de la legitima defensa de sus asistidos en el procedimiento. Además, lo acusa de «incumplir los señalamientos que le hiciera» al juez «la Cámara», lo que afectó «los derechos de defensa» de sus asistidos, «situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa».
Se trata de la investigación de las irregularidades en la causa AMIA. El ex ministro de Justicia, Horacio Rosatti, señaló que el juez había omitido investigar a los responsables del encubrimiento del ataque terrorista y que entre el staff del menemismo que debía analizar figuraba el ex ministro Carlos Corach, de quien había sido subsecretario legal y técnico.
Rúa considera que Bonadío actuó con “parcialidad”, ya que poco tiempo después de aquella denuncia, el juez citó a Rosatti a indagatoria en una causa sobre deficiencias en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y lo intimó a tomar medidas, en un plazo de treinta días, para regularizar las instalaciones de gas y electricidad de los penales bajo apercibimiento de disponer la clausura.
