Inquilinos alertan por la Ley de Propiedad Privada

Tras la aprobación con media sanción en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las reacciones desde los sectores sociales y de representación de los inquilinos no se hicieron esperar.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, criticó con dureza el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y advirtió que las modificaciones aprobadas vulneran los derechos básicos de quienes alquilan en el país.

Según argumentó el referente gremial, las nuevas disposiciones —centradas en la agilización de los mecanismos judiciales de desalojo y la flexibilización de los marcos contractuales— colocan a las familias inquilinas en una situación de extrema vulnerabilidad frente a los propietarios y sectores inmobiliarios.

Críticas a los «desalojos exprés» y el impacto en los contratos

Entre las principales objeciones señaladas por la Federación de Inquilinos, Muñoz hizo hincapié en el impacto que tendrá la aceleración de los procesos de desalojo por morosidad o finalización de contrato:

• Desbalance contractual: Desde la entidad remarcan que el proyecto prioriza los intereses patrimoniales por encima del derecho a la vivienda digna, facilitando desahucios sin otorgar instancias suficientes de mediación o soluciones habitacionales previas.

• Presión sobre las familias morosas: Ante el contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, la imposición de plazos más estrictos para rescindir contratos por falta de pago deja a miles de familias al borde de la calle sin garantías de defensa.

• Falta de regulación en el mercado: Muñoz sostuvo que la iniciativa desregula aún más las condiciones de alquiler, permitiendo exigencias contractuales leoninas por parte de los arrendadores y consolidando una brecha de desigualdad entre las partes.

Desde la Federación de Inquilinos anunciaron que intensificarán el diálogo con los bloques parlamentarios en la Cámara de Diputados —donde la norma deberá ser debatida para su sanción definitiva— con el objetivo de introducir modificaciones que resguarden la estabilidad habitacional y pongan un freno a lo que califican como un retroceso en materia de derechos sociales.