Hoy dictan sentencia por la toma del Indoamericano
El proceso oral contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, acusados de usurpación por la toma del Parque Indoamericano en 2010, finalizó la semana pasada. La jueza contravencional y de faltas Cristina Lara dictará la sentencia hoy a las 9, luego de escuchar las últimas palabras de los acusados. El juicio tuvo siete audiencias. Una de ellas se supendió: el dirigente barrial Diosnel Pérez no pudo llegar al juzgado el miercóles pasado, cuando se inundó la villa 20 de Lugano, donde vive.
El Parque Indoamericano fue tomado por familias de las distintas villas que conforman la Comuna 8 de la CABA, aledañas al predio. Estas reclamaban soluciones habitacionales acorde a lo estipulado por la Ley 1770 de Urbanización. La Policía Metropolitana, con refuerzos de la Federal, realizó un operativo que desembocó en una fuerte represión y dejó un saldo de dos muertos: Rosemarie Chura Puña y Bernardo Salgueiro.
A Nardulli y a Pérez se los acusa del delito de «usurpación» en la toma del predio de Villa Soldati. El viernes declararon los últimos testigos y las partes expusieron sus alegatos. Para la fiscalía los acusados tuvieron una “participación activa”, mientras que para la defensa el juicio es “una persecución política del ministerio Público Fiscal y del gobierno de la Ciudad”.
En la puerta del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, donde se hizo la anteúltima audiencia, manifestantes apoyaron a los dirigentes sociales. Como durante todo el juicio las persianas estuvieron cerradas y la seguridad estaba multiplicada porque incluía un gran número de efectivos dentro y fuera del tribunal. El apoyo también estaba dentro de la sala, en primera fila del público se encontraba Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
El fiscal General Adjunto de la Ciudad Luis Cevasco, pidió una condena de dos años de prisión en suspenso para los dirigentes porque “carecen de antecedentes” y tienen una “actitud solidaria”. En su alegato, intentó demostrar que los dirigentes populares habían participado de la “organización” y tuvieron “participación activa”. El fiscal dividió en dos hechos la acusación: la toma, que según sus dichos, se inició el 6 de diciembre y la posterior “re-toma” que fue el 8.
“Seguimos confirmando que se trata de una acusación imprecisa y vaga”, replicó Paula Quinteros, que durante su alegato, firme y cuidado, sintetizó que “lo que hemos escuchado no tiene relevancia penal”. Sostuvo que “la gente actuó en un estado de necesidad” y sobre los acusados dijo que “nunca se los acusó a ellos de manera directa por ocupar” lo que se suma a que “ninguno de los testigos los ubicó como organizadores”.
Nicolas Tauber, el otro de los defensores, pidió la absolución de los dos imputados porque el “único crimen que cometieron fue involucrarse” y “la valoración de la prueba no permite sostener la acusación” porque “está basada en notas periodísticas” y se manifiesta en la actitud de los fiscales manifiesta “una persecución política” del “ministerio público fiscal y del gobierno de la Ciudad”. La defensa volvió a insistir con la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y pidió también la nulidad de la acusación.
“Hay derecho a la vivienda en la medida en que quepa en la Ciudad”, el fiscal Cevasco y entre el público comenzó a notarse la incomodidad “acá no estamos frente a problemas de despojo de la tierra”, dijo y concluyó que “la solución no puede ser la ocupación de los espacios públicos”. Quinteros replicó: “el derecho a manifestarse no es un delito” y “manifestarse ante una represión que dejó tres muertos, menos”.
