El GOBIERNO ELIMINÓ CONTROLES de CALIDAD HISTÓRICOS sobre GRASAS y MARGARINAS
La administración nacional comandada por Javier Milei, mediante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), eliminó una serie de controles sanitarios y de calidad que regían la industria de las margarinas desde hace más de cincuenta años.
A través del argumento recurrente de la “simplificación normativa” y la “actualización tecnológica”, la Resolución 475/2026 desmantela requisitos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.
La medida, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se ampara en la Ley N° 27.233, que, si bien declara de interés nacional la inocuidad de los agroalimentos, también subraya la “responsabilidad primaria e ineludible” de los actores de la cadena agroalimentaria. Según los considerandos de la norma, las exigencias derogadas tenían originalmente la finalidad de “controlar el fraude” en la elaboración, pero el oficialismo ahora sostiene que estas condiciones “afectan la calidad del producto final”.
¿EFICIENCIA O DESPROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR?
Puntualmente, la resolución deroga artículos específicos del Capítulo XIV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 4.238 en el año 1968, una normativa que sirvió de base para la sanidad alimentaria del país durante décadas.
Los puntos clave eliminados son:
- Derogación del Numeral 14.5.7 (sustancias testigos): se elimina la obligación de utilizar sustancias específicas que permitían identificar y rastrear la composición de las grasas.
- Derogación del Numeral 14.5.18 (prohibición de manteca de leche): se levanta la restricción que impedía ciertas mezclas o usos específicos vinculados a la manteca de leche en la elaboración de margarinas, borrando los límites entre distintos productos de origen animal.
- Eliminación del inciso c) del numeral 14.5.19: se quita un control técnico fundamental diseñado específicamente para prevenir el «fraude en las margarinas», debilitando la capacidad de inspección del Estado ante posibles maniobras de sustitución de ingredientes.
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