El Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, amplió la denuncia que actualmente tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría 23, con intervención del Fiscal Guillermo Marijuan y en la que resultan imputados el ex Ministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren.
También se encuentran imputados en esta causa el ex Subsecretario del Ministerio de Energía y Minería Marcos Pourteau, el ex presidente del ex directorio de ENARGAS, Mauricio Ezequiel Roitman, así como también los siguientes ex directores del mismo Organismo: Daniel Alberto Perrone, Carlos Casares, Griselda Lambertini y Diego Guichón.
La maniobra denunciada por Federico Bernal fue el acuerdo promovido y celebrado entre el Ministerio que conducía Aranguren con las empresas productoras y distribuidoras de gas -las denominadas “Bases y Condiciones”- en los meses de octubre/noviembre del 2017, violando la ley 24.076, a fin de fijar precios del gas en PIST en dólares -cosa que nunca antes había ocurrido- mediante contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, inédito en la comercialización del recurso para luego asegurarse su pase a la tarifa que pagan los usuarios y las usuarias del servicio; como finalmente ocurrió.
Todos ellos fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el de negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248 y 265 del C. Penal). La causa se encuentra en pleno trámite y todos los denunciados fueron imputados por el Fiscal que interviene en la instrucción.
EL PUEBLO, ÚNICO PERJUDICADO
En efecto, tanto usuarios como usuarias quedaron atados a una concertación contractual por el plazo de dos años con precios del gas en dólares trasladado a tarifa sin objeción alguna por el Regulador.
En otras palabras, a través de ese acuerdo promovido por Aranguren y que contó con la complicidad del ex Presidente del ENARGAS (Mauricio Roitman) y de otros ex directores del Organismo, se dolarizaron las tarifas de gas en todo el país asegurándoles ganancias en dólares a las empresas y sometiendo a los usuarios/as a las variaciones en el tipo de cambio.
Ese ilegal acuerdo, que, como se adelantó, se tituló “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas” contemplaba las condiciones para el abastecimiento de gas a las Distribuidoras a partir del 1 de enero de 2018 y durante un periodo de dos (2) años. Debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Mauricio Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018.
Ahora el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, amplió la denuncia oportunamente realizada mediante un escrito presentado al juzgado interviniente titulado “APORTA ELEMENTOS DE JUICIO PARA PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN”.
En esa presentación, Bernal afirma que con nuevas investigaciones realizadas por personal técnico y jurídico del Organismo se pudo confirmar que a comienzos del año 2018 (enero/marzo del 2018), los ex directores del ENARGAS denunciados (en esta oportunidad, los respectivos actos no fueron suscriptos por la ex Directora Lambertini) utilizaron el sistema de las “Diferencias Diarias Acumuladas -DDA-” a fin de asegurarle ganancias en dólares a las empresas firmantes de los acuerdos conocidos con el nombre de “BASES Y CONDICIONES”. Cabe resaltar que dichos acuerdos violaron el marco regulatorio, desde que la emergencia declarada por la ley 25.561 y sucesivamente prorrogada concluía el 31 de diciembre de 2017.
Desde dicho vencimiento, el sistema de comercialización del gas debía volver a regirse por las previsiones de la ley 24.076, primando la libre oferta y demanda, la cual debía ser revisada finalmente por el ENARGAS. No obstante ello, nada de todo esto ocurrió. El perjuicio económico calculado por el Ente Regulador asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.
Bernal sostuvo en su escrito que “los ex directores del ENARGAS realizaron una utilización ilegal del sistema de las DDA en perjuicio de usuarios y usuarias con la finalidad de garantizarle ganancias en dólares a las empresas, un hecho inédito en la historia de la comercialización del gas en la República Argentina. Esperamos que la causa avance y se procese a los imputados, quienes deberán responder por los perjuicios ocasionados”.
