Pidieron prisión preventiva para Lula da Silva
El Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo pidió prisión preventiva del ex presidente en relación a un departamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.
El pedido fue tomado por tranquilidad por el ex mandatario y criticado por los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) que llamaron «irresponsable» a los fiscales que presentaron la denuncia y los acusaron de tener motivaciones «claramente ideológicas y políticas.»
Para el diputado Wadih Damous (PT), ex presidente de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB) en Río de Janeiro y uno de los mayores partidarios de Lula en la Cámara, la solicitud es inepta y hay una clara disputa entre Cassius Conserino, de Sao Paulo, y el juez Sergio Moro, de Curitiba por estar en «el centro de atención».
“Se trata de una petición irresponsable, inepta, tengo la convicción de que no será tenida en cuenta por el juez. La motivación política es clara, hay una disputa entre este muchacho y Curitiba, un concurso para el centro de atención”, criticó Damous.
El líder del gobierno en el Senado, Humberto Costa (PT) estaba con el ex presidente Lula en San Pablo cuando se le informó de la solicitud de arresto realizada por el fiscal.
De acuerdo al diario O Globo, Humberto Costa dijo que Lula reaccionó con «total tranquilidad” «. El senador calificó de «absurda» la petición, y como una «acción mediática” el papel del fiscal del Ministerio.
“Habíamos terminado la reunión sobre los problemas económicos. Pero el presidente Lula respondió con total tranquilidad. Es una cosa absurda. Una acción de los medios de comunicación. Hacer una orden de detención para alguien que ha dado todas las explicaciones. No hay nada en contra del ex presidente”, agregó.
Para el segundo líder del PT en la Cámara, Paulo Pimenta (PT) se trata de un «grave riesgo de ruptura institucional» y que el fiscal Conserino es «una vergüenza para la fiscalía”.
El dirigente del PT en el Senado Paulo Rocha dijo que el fiscal que ordenó la detención de Lula quiere «incendiar el país» y señaló que la petición es una provocación al PT. “No vamos a caer en una provocación barata de un fiscal que quiere generar fuego en el país”, dijo Rocha.
Agregó que hay una «persecución política» de sectores de la Fiscalía al Partido.
Se trata de una petición irresponsable, inepta, tengo la convicción de que no será tenida en cuenta por el juez. La motivación política es clara, hay una disputa entre este muchacho y Curitiba, un concurso para el centro de atención
Rocha reiteró a los militantes del PT mantengan los actos de apoyo en defensa de Lula y el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, anunciados desde los días 18 y 31 de marzo. También pidió serenidad para el juez que decidirá sobre la solicitud de detención, pero hizo hincapié en que Lula debe estar presente en el evento de que sea concedida.
La denuncia está vinculada a un lujoso apartamento de tres pisos localizado frente al mar en la ciudad balnearia de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
Según apuntan los fiscales, se sospecha que el inmueble, así como una costosa reforma hecha «al gusto de la familia Lula da Silva», fueron entregados al ex presidente por la constructora OAS, implicada en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Entre otros elementos, los fiscales paulistas basan el pedido de arresto en la reacción de Lula tras ser interrogado el viernes pasado por la causa Petrobras, que incluyó sendos discursos a la militancia de su Partido de los Trabajadores (PT), duras críticas al Poder Judicial y advertencias a quienes quieran derrotarlo que tendrán que hacerlo «en las calles».
Estas son las principales alegaciones esgrimidas por los fiscales Cassio Conserinoso, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo, para solicitar su el arresto, citadas por la agencia DPA:
– Atentar contra el orden público: Lula no respetó «las instituciones que componen el sistema de Justicia, especialmente a partir del momento en que las investigaciones se volvieron contra él».
– Inflamar a la militancia para que lo proteja: Existen «suficientes motivos» para concluir que Lula «moverá toda su ‘red’ violenta de apoyo para evitar que el proceso penal que se inicia con la presente denuncia tenga su curso natural, con probabilidad evidente de amenazas a víctimas y testimonios y perjuicio en la producción de más pruebas del caso», apuntan.
El Gobierno repudia el acto practicado contra el (ex) presidente Lula
– Incitar a disturbios: «El denunciado se vale de su fuerza político-partidaria para movilizar grupos de personas que promueven tumultos y disturbios generalizados, con agresiones a otras personas, con el evidente objetivo de intentar blindarlo de ser blanco de investigaciones y de eventuales procesos penales, trayendo un verdadero caos para el tan sufrido pueblo brasileño».
– Obstrucción de las investigaciones: «Valiéndose de su red político partidaria el denunciado siempre buscó maniobras para evitar que la investigación penal del Ministerio Público avanzara. Siempre intentó valerse de terceras personas para evitar tener que comparecer en calidad de investigado».
– Riesgo de fuga: Indican que esta posibilidad se basa en que Lula «tiene poder por ser ex presidente de la República, lo que convierte su posibilidad de evasión en extremadamente simple».
– Ponerse por encima de la ley: «El denunciado se vale de su condición de ex presidente de la República para ponerse ‘por encima de la ley’. Así, desea ser ‘citado’ para ser interrogado, ‘elegir’ quién podrá investigarlo, decide si sus familiares podrán o no sufrir investigaciones».
En tanto, la presidenta Dilma Rousseff convocó a una reunión de emergencia y afirmó que la resolución «pasó todos los límites».
«El Gobierno repudia el acto practicado contra el (ex) presidente Lula», dijo Rousseff en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Planalto, citó la agencia EFE.
En tanto, la mandataria afirmó que no renunciará a pesar de las presiones crecientes que enfrenta por parte de la oposición por la crisis política y por el escándalo de corrupción que ha salpicado a su predecesor.
«Creo que solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment», afirmó Rousseff, en alusión a la figura de derecho anglosajón con la se conoce el proceso de destitución que trata de impulsar la oposición.
«Es imposible creer que por mi trayectoria política, por mi honradez, me resigne ante los que actúan con absoluta falta de respeto a ley», agregó Rousseff.
