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DENUNCIA PENAL CONTRA EL GOBIERNO DE MILEI

POR ENTREGAR LA SOBERANÍA CAMBIARIA A EE. UU

El economista Claudio Lozano, la ing. Eva Koutsovitis y el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con el abogado Marcos Zelaya, Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal.

La misma obra en contra del Presidente de la Nación, Javier Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Gerardo Werthein; y el Presidente y Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por la presunta comisión de graves delitos contra la soberanía nacional y la administración pública.

Explican los dirigentes políticos y sociales: «Se denuncia a los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional por haber delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera: los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Milei negoció con Trump esta delegación y ordenó a Caputo que negociara la implementación con Scott Bessent mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera.»

Este acto, calificado en la presentación como una violación a la soberanía del Estado Argentino, se habría materializado a través de la intervención directa del Tesoro de los EE. UU. en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Esta injerencia sin precedentes se ejecutó por cuenta y orden de la Secretaría del Tesoro de EE. UU. a través de entidades financieras como los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan, que realizaron compras de pesos argentinos con el fin explícito de interferir en la cotización del dólar. Esta maniobra se realizó contando con la pasividad y/o con la gestión cómplice de los funcionarios públicos argentinos.

LEER LA DENUNCIA 2025 – 10 – 23 – Denuncia Penal injerencia en política cambiaria

Gravedad Institucional y Contraprestaciones Exigidas

El escrito subraya la extrema gravedad de los hechos, argumentando que no existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a una potencia extranjera. La denuncia detalla que esta intervención no fue un acto de asistencia desinteresado, sino que vino acompañada de coacciones y exigencias por parte de EE. UU. en áreas críticas para la soberanía nacional:

  • Política Exterior: Subordinación a la política estadounidense de bloqueo a la República Popular China.
  • Injerencia Electoral: Una presunta extorsión por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien en presencia del presidente Milei habría condicionado la continuidad de la ayuda financiera al resultado de las elecciones de medio término en Argentina.
  • Recursos Naturales: Exigencias de acuerdos comerciales y facilidades para inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía y minería, incluyendo uranio, litio y petróleo.

 

Delitos Imputados y Violación de Deberes

Los denunciantes solicitan que se investigue a los funcionarios por la presunta comisión de un concurso de delitos, entre los que se incluyen:

  • Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas (Art. 265 C.P.).
  • Delitos que comprometen la dignidad de la Nación (Infidelidad Diplomática) (Art. 225 C.P.).
  • Abuso de autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios públicos (Art. 248 y 249 C.P.).
  • Fraude en Perjuicio de la Administración Pública (Art. 174, inc. 5° C.P.).
  • Delitos contra el orden económico y financiero (Agiotaje Financiero) (Art. 309 C.P.).

La presentación judicial afirma que los funcionarios, al permitir esta injerencia, incumplieron con el juramento de desempeñar sus cargos con «lealtad y patriotismo» y los califica de «traidores a la patria». Se argumenta que el BCRA, en lugar de cumplir con su obligación legal de ejecutar la política cambiaria y bloquear la intervención extranjera, delegó de facto sus facultades, dejando a la economía argentina en un estado de «vulnerabilidad total».

Los denunciantes concluyen que esta delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y el futuro de los argentinos.

 

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