Córdoba: se criminaliza a los pobres para tranquilizar a la clase media

En Córdoba el modelo de Tolerancia Cero se aplica sobre algunos grupos sociales y para ello se crearon lo que se conoce como Operativos Saturación. Se trata de una estrategia que surgió al comienzo de la primera gestión de José Manuel De la Sota. El primero en impulsarlos fue el -y ex jefe de Policía- Luis Iturri, apenas comenzado el año 2000. La mecánica consiste en la ocupación territorial de un sector de la ciudad con el objetivo de convocar a los medios de comunicación y de esa manera mostrar un efímero poder en la jurisdicción en cuestión. Cuando se van las cámaras los policías desaparecen y todo vuelve a ser como era antes.  La política de seguridad, al fin de cuentas, es una mera estrategia de prensa que se concreta cuando al día siguiente ciertos medios de comunicación titulan: “La Policía copó barrio Márquez Anexo”.

Después de Iturri (más tarde ese policía se convirtió en asesor de Luis Juez, quien lo sigue referenciando como uno de sus cuadros en materia de seguridad), el gobernador nombró como jefe a Jorge Rodríguez quien comenzó a protagonizar comerciales y afiches publicitarios donde anunciaban la creación del CAP (Comando de Acción Preventiva). Ese comando se encarga de patrullar las calles y ocupar los territorios. Los siguientes jefes de Policía que continuaron, (Altamirano, Pedro Palacios, Alejo Paredes) fueron perfeccionando el método.

El primer gran cambio se produjo a partir de 2007. Al llegar a la gobernación Juan Schiaretti tomó ciertas decisiones que mostraron el perfil de mano dura de su lógica de seguridad. En cuatro años duplicó la cantidad de policías pasando de 11.800 a 23 mil. Con Carlos Caserio como ministro a cargo del área y Alejo Paredes como jefe de Policía decidieron que, además de ocupar los territorios, era necesario mejorar las cifras de detenidos. No de detenidos por delitos, de detenidos por cualquier cosa.

Para ello se echó mano a una herramienta –que contiene varios artículos inconstitucionales y fue creada en el año 1984 por la administración radical-. Se trata del Código de Faltas. Esa norma habilita a la Policía a realizar detenciones por presuntas contravenciones dándole al comisario el lugar del juez y sin que exista ningún control jurisdiccional de lo que ocurre con ese detenido que, a su vez en la práctica, no tiene derecho a un abogado mientras está demorado.

En conclusión: a la criminalización de los territorios saturados le sumaron el objetivo de criminalizar a todos los que viven allí. La justificación de esa represión por parte de autoridades gubernamentales y ciertos medios de comunicación pasó a ser utilizada al mismo tiempo como publicidad positiva. La clase media cordobesa se siente “tranquila” en tanto y en cuanto los territorios “ocupados” o saturados sean aquellos que la misma policía llama “peligrosos” y los detenidos inconstitucionalmente sean los hijos de otros y no los suyos.

La falta de colaboración con la Justicia

Tres fiscales de instrucción de Córdoba le dijeron a Infojus Noticias –pidiendo por favor que no se difundan sus nombres- que están sorprendidos porque cuando le piden a la Policía que los ayuden en una investigación, desde la fuerza les responden: “No tenemos gente. Están afectadas a controlar las motos en la vía pública”.

A raíz de ello los fiscales tomaron la costumbre de pedirle a Suárez mediante oficios formales que ponga a disposición investigadores en diferentes casos. El desinterés policial por investigar se vivió en Carlos Paz cuando, en diciembre pasado, desapareció el fotógrafo Hernán Sánchez. Su familia  contó que un funcionario judicial (un ayudante de fiscal) y un policía les dijeron que, como se venía el verano, “no iba a haber policías para buscarlo”. Sánchez apareció muerto en un cerro, a menos 700 metros de su casa, cuatro meses después.

El otro policía que Suárez quiso pasar a retiro en 2014 es Abel Díaz. Se trata de un general que tiene fama de ser aún más “brutal” que Suárez. Ese comisario general estaba en el ostracismo, pero fue noticia nuevamente durante el operativo humillación del fin de semana pasado. Según trascendió a través de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), su hijo –y un amigo- fueron dos de los 700 detenidos en el último operativo saturación. Se trasladaban en una motocicleta con todos los papeles en regla.

La noticia inicial fue que Díaz padre había aprovechado su rango para liberar a su hijo, pero resultó que el mismo hijo del comisario aclaró lo que había pasado en la página web cba24n.com.ar. Allí, puede leerse que Daniel Díaz acusa al comisario que lo detuvo, Martín Pintos, de amenazarlo con una escopeta cargada bajo la advertencia: «Quedate quieto o te quemo». Esto habría ocurrido en medio del operativo. Después el hijo del comisario relata:»Al reducirnos el comisario (Pintos) comienza a propinarme golpes en el rostro y a mi amigo lo golpea sobre sus testículos (…) Si se trataba de un control de motocicletas como dicen en todos los noticieros, en ningún momento el comisario fue capaz de pedir el papeleo respectivo. Poseo carnet en regla al igual que tarjeta verde y seguro».

Luego, el muchacho admitió haber llamado a su padre, el Comisario General Abel Díaz, para que lo auxilie. De hecho, la motocicleta es propiedad del funcionario policial.

«Es verdad que pedí por favor por mi padre, ante todos los golpes que ofreció hacia mi persona el comisario Pintos”. Finalmente el hijo de Díaz afirma: “Sólo por pedido de él (su padre), no realice la denuncia».

La semana pasada hubo rumores de cambios en la cúpula policial. Los nombres que suenan para reemplazar a Suárez son el de Mario Tornavaca y Daniel Moroldo. El primero fue uno de los que dio la cara la semana pasada para explicar las detenciones ilegales. “Detenemos a todos porque la gente nos los pide”, dijo. El segundo estuvo implicado en uno de los casos derivados del Narcoescándalo.

La Policíade Córdoba está enferma y la cura no puede salir de la misma institución que padece la enfermedad. Resulta urgente que se cumpla la ley que obliga a que la misma tenga una conducción civil.

Por lo demás, en tiempos de elecciones algunos especulan que tanto los operativos saturación como el recuerdo del acuartelamiento policial que dejó en evidencia lo que pasa cuando los policías no tienen lo que quieren podría ser una señal al poder político de una fuerza acostumbrada a autogobernarse: “Tengan en claro que con la Policía no se jode”, es el mensaje.

Es decir que mientras los mejores investigadores no pueden investigar porque están ayudando en los controles, el gobierno provincial crea esta nueva Policía integrada por gente inexperta para combatir el narcotráfico. En los corrillos de la jefatura –donde Suárez y sus escenas de violencia explícita ya son una costumbre- los policías dicen: “Los de antinarcóticos llegan sin experiencia con el único objetivo de tapar huecos. Encima van a cobrar más que todos nosotros”.

La vieja división Drogas Peligrosas tenía 400 integrantes y de ellos 200 se encargaban de tareas administrativas. ¿Cuánto pueden hacer 60 efectivos al mando de Berger?

En definitiva el anuncio de De la Sota de luchar contra el narcotráfico se resume en que dos fiscales, uno de ellos sin experiencia y  más 60 policías van a librar a Córdoba del narcotráfico.