Contundente rechazo de ATE al proyecto legislativo que busca derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo
La entidad sindical se pronunció en contra de la iniciativa parlamentaria del oficialismo que intenta derogar la ley sancionada por el Congreso hace tres años en el marco de una serie de jornadas históricas para el ejercicio democrático de nuestro país.
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una iniciativa profundamente regresiva que busca reagrupar consensos sociales que se desgranan aceleradamente ante la impericia parlamentaria de esa fuerza política y el rechazo de las reformas involucradas en el Proyecto de Ley Ómnibus, que en la mayoría de los casos, implican un retroceso en derechos y ponen en riesgo la democracia y la soberanía.
«Este gobierno vuelve a intentar ubicar enemigos, trata de agrietar la sociedad y recuperar actores sociales que se le alejan, porque su idea de país no deja sector sin perjudicar. Este proyecto pretende correr el eje. Es un nuevo ataque a nuestras conquistas en un contexto de retroceso en derechos, escalada de precios, desregulación del Estado, despidos, privatizaciones y represión que es la agenda con la que venimos construyendo unidad y fuerza para enfrentarlo», manifestó Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad del Consejo Directivo Nacional de ATE y completó: «El gobierno parece estar en guerra con su pueblo y nos elige porque tiene un fuerte componente de misoginia».
Es que el proyecto legislativo plantea modificar el Código Penal en relación a los abortos legales vigente desde 1921 quitando el derecho a niñas, mujeres y personas gestante que enfrentan embarazos forzados productos de violaciones y abuso sexual, dejando sin penalizar solo «el peligro inminente» para la vida de la mujer.
Aumenta las penas de prisión tanto para quienes practiquen abortos como para quienes se sometan a un aborto voluntario, en tanto proponen que la mujer que causara su propio aborto «será reprimida con prisión de uno a tres años», lo mismo si consintiera «en que otro se lo causare». Además, deja sin efecto las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculizan las prácticas protegiendo a profesionales que, ni siquiera en este marco restrictivo asuman su responsabilidad, situación aberrante que ya ha sucedido en la Argentina cuando se dejó morir a mujeres negándoles un aborto en situaciones de riesgo inminente.
La ley 26.710 es un avance legislativo que tiene por objeto la protección de la vida y en este corto tiempo de vigencia ha mostrado ser eficiente para reducir las muertes por abortos clandestinos, garantizando la igualdad de acceso a la salud, porque siempre hubo abortos para quienes pudieran pagarlos. Los abortos no aumentaron y la articulación de políticas públicas y leyes de ampliación de derechos permitió avanzar en prevenir embarazos no planificados y/o no deseados.
Desde ATE queremos expresar nuestro compromiso con la defensa de los derechos conquistados por los movimientos transfeministas.
