Armas a Bolivia: la Justicia puso el ojo en la posible falta de controles en la Aduana
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió tener acceso a la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, para evaluar si pudo haber algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.
La solicitud, realizada al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, apunta a “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”.
Así las cosas, la UIF presentó un escrito en el que sostuvo que en la maniobra pudo haber sucedido gracias a “la falta de control por parte de empleados y empleadas de la Aduana con la participación de funcionarios y funcionarias que ostentaban, al momento de los hechos, las máximas responsabilidades institucionales en la Administración de los bienes del Estado”.
Según informaron fuentes de la UIF a Télam, esto “daría pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas”.
La UIF aludió a los posibles delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y lavado de activos a través del contrabando.
