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A días del 24 de marzo, piden liberar al genocida Astiz

El ex marino Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, podría salir de la cárcel. Así surge de un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que a días del 42 aniversario del último golpe de Estado lo incluyó en un nuevo listado de presos en condiciones de acceder a “medidas alternativas de prisión”.

Entre los candidatos también figuran el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, represor del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador, ex carapintada y golpeador de mujeres Víctor Gallo. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomó distancia del posible beneficio al represor más emblemático del terrorismo de Estado. La decisión acerca de si Astiz puede irse a su casa con una pulsera electrónica está en manos de los jueces. Pero más allá de si esto se concreta o no, los organismos de derechos humanos tomaron la noticia, conocida a menos de una semana del Día de la Memoria, como una provocación.

El 31 de enero la dirección nacional del SPF envió a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado. La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) o el ex capellán Cristian Von Wernich.  La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, por su parte, difundió un informe según el cual no cuenta con elementos para identificar los criterios de selección del SPF.

La última actualización de esa lista es del 8 de marzo y eleva a 1436 el número de “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”. Astiz, de 67 años y con cáncer de próstata, figura en la categoría “internos con enfermedades”.

De acuerdo a una nota de Página 12, otros 16 represores figuran en la lista de “internos con enfermedades oncológicas”. Allí aparece Víctor Gallo, que antes de ser condenado por la apropiación de Francisco Madariaga (nacido durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo) estuvo preso por estafas financieras y por la masacre de Benavides. Jefe de una agencia de seguridad hasta el día de su detención, Gallo llegó a apuntarle con un revólver en la cabeza al joven a quien anotó como hijo propio después de golpear su mujer, que lo definió como un psicópata. Otros supuestos enfermos a quienes el SPF propone no tratar en hospitales penitenciarios sino otorgar la libertad condicional o el arresto domiciliario son “El Pájaro” Martínez Ruiz, condenado por crímenes en Orletti, Claudio Vallejos (ex GT 3.3 de la ESMA), Juan Carlos Jones Tamayo (imputado por “La Noche del Apagón”, detenido luego de tres años prófugo), Bernardo Cabezón (ex guardia de La Escuelita de Bahía Blanca) y Hugo Guallama, ex chofer de Miguel Etchecolatz.

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