Presupuesto de la Ciudad: Ajuste, suba de impuestos y endeudamiento
La comisión de Presupuesto de la Legislatura firmó dictamen al proyecto del Presupuesto 2016 que contempla gastos por 112.425 millones de pesos, que trae bajo el brazo un nuevo ajuste para el Hospital Garrahan, el aumento de entre el 26 y el 38 por ciento del ABL y un paquete de leyes que prevé un endeudamiento externo de más de 500 millones de dólares.
El proyecto obtuvo dictamen y será tratado la próxima semana en el recinto para que el cuerpo que lo debata sea el actual y no el que asuma tras el 10 de diciembre. Los posibles cambios, si los hay, serán consensuados ese mismo día.
En el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto que preside el macrista Alejandro García, este martes expusieron el proyecto el subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión porteño, Franco Moccia; y el subsecretario de Gestión y Administración Económica, Martín Mura.
De la reunión también participaron las presidentas del bloque PRO, Carmen Polledo; y del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre; junto a una treintena de diputados de todas las bancadas.
No sólo no respetaron el plazo de presentación establecido por ley, tampoco respetaron los tiempos para que los legisladores podamos analizar el contenido del presupuesto
En su primer año como sucesor de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta contará con un presupuesto un 23,8 por ciento mayor al de este año, aunque el propio texto del proyecto calcula que la inflación para los próximos 12 meses será mayor, de alrededor del 26 por ciento.
La “ley de leyes” porteña fue lanzada dos meses después de haberse vencido el plazo que fija la Constitución y en una escueta reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la que los legisladores tanto de la oposición como del oficialismo contaban apenas con un informe de cinco páginas que resumía los trazos gruesos de la distribución de recursos, pero no ofrecía detalles sobre el destino de fondos para áreas sociales sensibles como los distintos programas de vivienda y urbanización de villas.
Los encargados de ofrecer explicaciones fueron funcionarios de segunda línea del PRO, ante la ausencia de la primera plana de ministros, abocados a ocupar las carteras en las nuevas administraciones de provincia y de nación.
“Fue una falta de respeto total y otra muestra de desapego a las normas institucionales por parte de la fuerza que también va a gobernar la provincia y el resto del país. No sólo no respetaron el plazo de presentación establecido por ley, tampoco respetaron los tiempos para que los legisladores podamos analizar el contenido del presupuesto”, denunció a Página/12 la legisladora del FpV Gabriela Alegre.
El recorte de 548 millones de pesos en materia de salud impactará principalmente en la calidad del equipamiento y en las obras planificadas a futuro.
El informe, escueto, fue presentado por Martín Mura, subsecretario de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda –que suena para reemplazar a su jefe, Néstor Grindetti, que asume el 10 de diciembre como intendente de Lanús–, y el subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión del Gobierno porteño, Franco Moccia, quien sería jefe de Gabinete de Larreta.
Consultado sobre la situación del Hospital Garrahan, Muria señaló que mantuvo reuniones con directivos del hospital para “garantizar la diferencia que había en el pago de salarios”, lo que fue desmentido por el coordinador de terapia intensiva de la institución, Aldo Haimovich.
En diálogo con Página/12, Haimovich denunció que durante las reuniones de directivos del hospital y funcionarios porteños fue confirmado un recorte de 548 millones de pesos, que impactará principalmente en la calidad del equipamiento y en las obras planificadas a futuro. “Hay que reemplazar el equipamiento, quirófanos y camas nuevos, más consultorios, les pediremos a los legisladores que reflexionen”, dijo.
El PRO destacaba un aumento “del 58 al 60,8 por ciento de incremento del gasto social”, aunque Alegre remarcó que “el aumento tiene que ver únicamente con la masa salarial”. Organizaciones sociales mantienen un acampe que dieron a llamar “Villa Legislatura” en el que reclaman que “a pesar de ser el 10 por ciento de la población, el porcentaje destinado a mejorar la infraestructura de las villas es del 0,7 por ciento”.
