Más verdad, memoria y justicia
El Senado de la Nación convirtió en Ley un proyecto que crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico – militar.
La iniciativa pretende buscar “la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
Fue aprobada por unanimidad, aunque con sólo 39 votos, ya que la mayoría de los bloques de la oposición decidió retirarse del recinto cuando no se les permitió abstenerse.
La intención de dejar sin quórum la sesión era lograr que el proyecto se caiga. Lo evitaron cuatro de los senadores del bloque del FAP-GEN: Jaime Linares, Fernando ‘Pino’ Solanas, Magdalena Odarda y Rubén Giustiniani, que se quedaron en el recinto.
La Bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores, respetando la representación parlamentaria, y deberá presentar un informe con los aspectos más salientes “así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la última dictadura militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con ese gobierno de facto.
Además, se creará en el ámbito del Congreso el “Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia” que pondrá a disposición del público el informe al que hayan arribado, así como cualquier otro documento relacionado “con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas”.
La Bicameral “deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y ofrecer mecanismos de reparación de daños”.
Esto tiene que ver con una política de Estado y con cerrar un círculo que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, destacó el jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto.
El justicialista disidente, Juan Carlos Romero, rechazó el proyecto argumentando que el Senado no tiene que “hacer un juicio civil o moral porque no es su tarea”.
En tanto, el radical Gerardo Morales pidió, sin éxito, introducirle modificaciones a la iniciativa para pedir que “además de las complicidades económicas y financieras, habría que buscar las complicidades gremiales” y coincidió con la cordobesa Norma Morandini quien señaló que “muchos dirigentes sindicales entregaron a sus delegados de base”.
