Denuncian interrupción de tratamientos de adicciones en el partido de Malvinas Argentinas

Pacientes con consumo problemático de drogas, familiares y profesionales de la salud denunciaron la ocupación del Centro Provincial de Adicciones de ese partido bonaerense, por parte de un funcionario del municipio que «se apropió del lugar en forma ilegal y violenta».
«Estamos preocupados porque en forma ilegal y violenta Claudio Izaguirre, que dice ser un entendido en el tema, violó un convenio que permitió que en el espacio se le diera tratamiento hace décadas a personas que buscan recuperarse de las drogas y a sus familias», dijo a Télam un integrante del equipo profesional del CPA de Malvinas Argentinas.
Según la información brindada los profesionales, padres y pacientes del CPA, que esperan ser recibidos por las autoridades provinciales, «el hombre -con perfil mediático- se fue apropiando del lugar hasta dejar sin atención a unas 70 personas entre pacientes con consumo problemático de drogas y alcohol, y familiares que hace años seguían tratamientos ambulatorios».
Estamos preocupados porque en forma ilegal y violenta se violó un convenio que permitió que se le diera tratamiento a personas que buscan recuperarse de las drogas y a sus familias.
Según Flavia, madre de un joven que concurría hasta hace pocos días a ese CPA, Izaguirre estaba en un despacho del Municipio a cargo de Jesús Cataldo Cariglino, cuando ella fue a buscar ayuda para su hijo.
«Él mismo me sugirió ir al CPA pero ahora se fue apropiando del espacio de una manera que sentimos como un atropello, porque se puso al frente del lugar, que en realidad depende de Ana Dimperio, subsecretaria de Atención de las Adicciones y Salud Mental bonaerense», sostuvo.
Según los psicólogos, psiquiatras y demás profesionales de la Salud del CPA, el lugar donde funcionó hasta hace pocos días ese organismo que depende de la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires está en un predio que es del Municipio, porque en 1993 fue donado por la Sedronar para ese fin.
«Hay un convenio que avala esto, por eso decimos que la irrupción de este empleado municipal que dice ser el titular de una ‘asociación antidrogas de la República Argentina’ es ilegal», aseguró a Télam un integrante del plantel de psicólogos del CPA.
Incluso, según el convenio, se podrá dejar de utilizar ese espacio para la atención de las adicciones sólo si se lo reemplaza por un lugar con condiciones más aptas para ese fin que el actual.
Padres y pacientes junto a los terapeutas se presentaron en el Hospital de José León Suárez para pedir a las autoridades provinciales «den una salida a este problema que interrumpe el tratamiento de tantas personas».
«Hoy estamos sin tratamiento más de 70 personas que concurríamos al CPA de Malvinas Argentinas. Los que han pasado por esto saben lo que significa interrumpir la atención de las personas que luchan por salir de una adicción. Queremos que alguien nos escuche», señaló una de las mujeres que se manifestaron.
La comunidad que asiste a ese CPA se presentarán ante la Defensoría del Pueblo para plantear el conflicto.





