EDUARDO VALDÉS: «LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO PUEDEN BENEFICIARSE DE LA LEY DE INOCENCIA FISCAL»
El legislador advirtió que la normativa vigente genera una contradicción con las obligaciones impuestas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Realiza el legislador la propuesta parlamentaria, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción: «Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse de la Ley de Inocencia Fiscal. Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos», aseguró Valdés.
La iniciativa propone modificar la Ley 27.799 para impedir que funcionarios de los tres poderes del Estado, así como las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y sus familiares directos, puedan acogerse al régimen de regularización previsto por esa norma.
proyecto de modificación de la ley 27.799 – 3264-D-2026
El legislador advirtió que la normativa vigente genera una contradicción con las obligaciones impuestas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y el lavado de activos.
En ese sentido Valdés afirmó: «Si la ley permite que las Personas Políticamente Expuestas se beneficien con este régimen, incluso quienes impulsaron y aprobaron la propia norma, existe el riesgo de que dinero de origen ilícito quede blindado desde el punto de vista penal y tributario sin que el funcionario deba explicar el crecimiento de su patrimonio».
Valdés remarcó además que el proyecto busca cerrar una situación que calificó como «éticamente inaceptable»: «Constituye un privilegio inadmisible permitir que quienes administran los recursos públicos, o quienes redactaron y votaron la ley, puedan beneficiarse con un régimen que los exime de brindar explicaciones sobre la evolución de su patrimonio durante el ejercicio de la función pública».
El diputado recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, señaló que la iniciativa procura armonizar la legislación tributaria con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que impone obligaciones específicas de transparencia patrimonial, presentación de declaraciones juradas, prevención de conflictos de interés y conducta compatible con la función pública. También destacó que la Argentina asumió compromisos internacionales mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan al Estado a fortalecer los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos.
«Por razones de ética y de resguardo de la administración del erario público, todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de forma estricta a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y a sus familiares directos», concluyó Valdés.
