Dignidad digital: Por qué el Congreso debe ratificar de urgencia el Convenio 193 de la OIT

Un paso histórico para sacar de la precariedad a los trabajadores de plataformas y consolidar un nuevo estándar de justicia social.

La reciente aprobación del Convenio N° 193 sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) marca un antes y un después en la historia global del derecho laboral. Con una abrumadora mayoría en Ginebra, el mundo ha reconocido que la innovación tecnológica no puede ser sinónimo de desprotección. Frente a este hito, la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley para su ratificación e implementación local se presenta no solo como una oportunidad, sino como un imperativo ético y legal indispensable.

Ante los discursos que confunden flexibilidad laboral con desamparo absoluto, este proyecto legislativo busca trazar una línea clara: el trabajo del siglo XXI necesita derechos del siglo XXI.

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Los pilares de un derecho impostergable

El modelo de las aplicaciones de transporte y reparto ha crecido exponencialmente a costa de lagunas normativas, dejando a miles de repartidores y conductores desprovistos de una red de seguridad básica. El proyecto de ley que impulsa la adopción del Convenio 193 viene a subsanar este vacío estructural enfocándose en aspectos críticos:

• Protección frente a riesgos laborales: Obliga a establecer medidas concretas para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reconociendo los peligros físicos y viales a los que se exponen diariamente los repartidores.

• Transparencia algorítmica: Por primera vez, se exige que las plataformas brinden información clara y comprensible sobre cómo funcionan sus sistemas automatizados de toma de decisiones, la asignación de tareas y el cálculo de la remuneración. El algoritmo ya no podrá ser una «caja negra» que penalice de forma invisible.

• Seguridad social y formalización: El proyecto promueve la inclusión de estos trabajadores en los sistemas de previsión social y salud, garantizando que tengan derecho a coberturas dignas frente a contingencias, independientemente de la calificación formal de su vínculo.

• Combate al acoso digital y presencial: Introduce responsabilidades explícitas para resguardar a los prestadores de servicios de la violencia y el acoso, tanto en línea como el ejercido por terceros.

Por qué este proyecto merece el respaldo absoluto

«El logro del trabajo decente para los trabajadores, dondequiera que se encuentren, es un objetivo primordial… El trabajo no es una mercancía.»

— Máxima fundacional de la OIT, plenamente vigente en la era digital.

Apoyar este proyecto legislativo no significa ir en contra del desarrollo tecnológico ni atentar contra la viabilidad de los modelos de negocio digitales. Al contrario: regula para dar sostenibilidad. Una economía que prospera sobre la base de la desprotección de sus eslabones más débiles es una economía frágil y desigual. Países de la región como Chile, Colombia, México y Uruguay ya han dado pasos firmes en esta dirección; Argentina no puede quedar rezagada ni profundizar esquemas de desregulación que precarizan la vida.

La ratificación del Convenio 193 nivelará la cancha. Garantizará que las multinacionales tecnológicas compitan bajo reglas claras de juego limpio, donde el bienestar del trabajador sea parte del costo operativo y no una variable de ajuste.

Conclusión: Legislar para el futuro

El debate que inicia en el Congreso trasciende las banderas partidarias; se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Ignorar la necesidad de regular la economía de plataformas es convalidar la existencia de trabajadores de primera y de segunda categoría.

La aprobación de este proyecto de ley es el camino correcto para reconciliar la innovación con la dignidad humana, devolviéndole al trabajo su valor central como motor de inclusión y justicia social. El futuro ya llegó, y es hora de que sus derechos también lo hagan.

DATOS VINCULADOS AL TRABAJADOR/A DE APLICACIONES

En la Argentina hay más de un millón de personas que trabajan en aplicaciones de movilidad y delivery, sector que enfrenta una fuerte precarización y caída de ingresos reales debido al aumento de la competencia y la falta de regulación laboral a nivel nacional.

Ingresos y jornadas: Para alcanzar salarios básicos, los repartidores requieren jornadas de hasta 14 horas o realizar más de 450 entregas mensuales, con ingresos que rondan el $1,3 millones por mes, sin contar los gastos operativos (combustible y mantenimiento del vehículo)

Regulación laboral: La actividad carece de un marco de protección universal. Mientras que a nivel nacional el sector se discute bajo la órbita de trabajadores independientes, existen fallos judiciales históricos, como el de la Suprema Corte bonaerense, que reconoce el vínculo de dependencia entre los repartidores y las plataformas