El GOBIERNO avanza con el CIERRE ENCUBIERTO de VIALIDAD NACIONAL
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado” que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad a partir del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”, apuntó la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá.
“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.
Puntualmente, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Mediante un comunicado, el gremio denunció que “el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, consumando un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.
Así las cosas, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
“Este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”, cierra el documento.
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