INFANCIAS y ADOLESCENCIAS EN RIESGO EN «LA FRONTERA» en PINAMAR
Un análisis sobre las consecuencias sociales de la ideología libertaria en la desprotección infantil y la construcción de "zonas de excepción".

Por Gabriela Dueñas /Dra. en Psicología / Lic. en Educación / Psicopedagoga.
En un rincón de los médanos de Pinamar, conocido como “La Frontera”, se celebra cada verano un ritual peligroso. Decenas de vehículos corren a toda velocidad, desafiando no solo las leyes de la física, sino también las de la protección social. Lo que comenzó como un espacio de recreación, hoy es una zona donde la norma es la ausencia de normas, y donde el único límite parece ser la propia muerte.
Hace pocos días, un niño de ocho años quedó gravemente herido en ese lugar. Viajaba “a upa” de su padre, sin casco, sin cinturón, expuesto a un riesgo evitable. Lo que sigue sorprendiendo no es solo el accidente, sino la indiferencia colectiva: las carreras continúan, como si nada hubiera pasado. Este hecho nos obliga a preguntarnos algo incómodo: ¿qué ocurre cuando una sociedad normaliza que sus niños/as sean puestos en riesgo en nombre de una libertad sin restricciones?
LA IDEOLOGÍA LIBERTARIA: CUANDO LA LIBERTAD SE CONVIERTE EN PRIVILEGIO DEL MÁS FUERTE
En los últimos años, discursos que promueven una libertad individual extrema y desconfían de toda intervención estatal han ganado terreno en el debate público. Estos planteamientos, a menudo etiquetados como “libertarios” o “anarcoliberales”, parten de una premisa simple: el individuo es dueño absoluto de su vida y sus actos, y el Estado no debe “meterse”.
En “La Frontera”, esta ideología encuentra una materialización literal. Allí, cualquier intento de regulación es visto como un ataque a la autonomía personal. Conductores adultos eligen asumir riesgos extremos, pero el problema surge cuando esa decisión involucra a otros, especialmente a niñas/os y adolescentes, que no pueden consentir ni defenderse.
La libertad sin responsabilidad social se transforma, en la práctica, en el derecho del más fuerte (o del más temerario) a imponer su riesgo sobre los más vulnerables. Así, lo que se promociona como emancipación individual se convierte en una forma de desprotección comunitaria, donde la vida de los niños queda supeditada al deseo adulto de adrenalina y transgresión.
LOS NIÑOS NO SON PROPIEDAD: EL GIRO ÉTICO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A
Durante siglos, los niños fueron considerados propiedad de sus padres, sujetos a su autoridad sin cuestionamientos. Ese paradigma cambió radicalmente con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado que Argentina ha ratificado y le otorgó rango constitucional.
La CDN establece que los niños son “sujetos de derecho”, no son objetos de propiedad privada. Esto implica que el Estado tiene la obligación ineludible de protegerlos, incluso frente a sus propias familias, cuando su integridad está en riesgo. Los artículos 6 (derecho a la vida y al desarrollo) y 19 (protección contra toda forma de violencia o negligencia) no dejan lugar a dudas: no hay zonas grises cuando se trata de la vida de un niño/a.
En “La Frontera”, esta obligación brilla por su ausencia. El niño herido no es solo víctima de la negligencia de su padre; es víctima de un Estado que omite su deber de garante. La municipalidad, al no intervenir, no es neutral: está validando con su silencio que en ciertos espacios las reglas de protección no aplican.
Esta omisión no es solo administrativa; es ideológica. Refleja la tensión entre dos visiones de sociedad: una que prioriza la libertad individual sin límites, y otra que entiende que la protección de los más vulnerables es condición esencial para una convivencia digna.
LA NATURALIZACIÓN DEL RIESGO Y LA COMUNIDAD ESPECTADORA

Lo más preocupante de “La Frontera” no es solo lo que ocurre, sino cómo se normaliza. Después del accidente del niño, las carreras continuaron. Adultos siguieron subiendo a menores a vehículos sin medidas de seguridad, mientras otros grababan con sus celulares para compartir en redes sociales.
Esta espectacularización del peligro es parte del problema: el riesgo se convierte en contenido, en espectáculo, en identidad grupal. La comunidad ya no solo participa; también observa, comenta y difunde, construyendo una cultura donde transgredir es cool y cuidar es “débil” o “paternalista”.
Así, se consolida una socialización del riesgo: los niños que crecen en este entorno aprenden que la vida vale menos que la emoción del momento, que las reglas son para otros, y que la protección estatal es una molestia, no un derecho.
¿QUÉ HACER? HACIA UNA PROTECCIÓN REAL, NO RETÓRICA
Frente a esto, las respuestas deben ser firmes y multidimensionales:
1. Exigir al Estado que cumpla su rol de garante. La municipalidad debe regular el espacio de manera urgente, con operativos de control y sanciones claras. No se trata de “prohibir por prohibir”, sino de hacer efectivo el derecho a la vida.
2. Desmontar el mito de la “libertad sin límites” mediante campañas que muestren las consecuencias reales de estas prácticas, especialmente sobre los niños/as y adolescentes.
3. Crear redes comunitarias de protección que involucren a vecinos, instituciones locales y escuelas, para que la seguridad de las niñeces y adolescencias sea una responsabilidad compartida, no solo familiar.
4. Promover espacios de recreación segura y supervisada, donde la aventura no pase por poner en riesgo la integridad física.
5. Judicializar las negligencias graves que pongan en peligro a menores, recordando que la patria potestad no es un derecho absoluto, sino una función que debe ejercerse en beneficio del hijo.
CONCLUSIÓN: ELEGIR ENTRE LIBERTAD INDIVIDUAL Y PROTECCIÓN COLECTIVA
“La Frontera” de Pinamar es un espejo de un debate más amplio: ¿queremos una sociedad donde cada uno haga lo que quiera, aunque eso signifique poner en riesgo a los demás? ¿O estamos dispuestos a construir un contrato social donde la libertad termine donde comienza la vida del otro, especialmente del más vulnerable?
Los niños no eligen nacer, ni eligen los riesgos a los que los exponen los adultos. Por eso, su protección no puede depender de la buena voluntad individual; debe ser una política pública prioritaria, respaldada por marcos legales claros y una comunidad alerta.
La arena de Pinamar no es solo un lugar físico; es un terreno ético. Y en ese terreno, cada vez que un adulto sube a un niño/a a un vehículo sin protección, y cada vez que el Estado mira para otro lado, estamos eligiendo el tipo de sociedad que dejaremos como legado. La pregunta es: ¿qué elegiremos?
En síntesis:
– La ideología libertaria, cuando se lleva al extremo, puede generar zonas de excepción donde la vida vulnerable queda desprotegida.
– Los niños son sujetos de derecho, no propiedad de sus padres, y el Estado está obligado a intervenir cuando su integridad está en riesgo.
– La normalización social del peligro y su espectacularización en redes agravan el problema.
– La solución requiere acción estatal firme, cambios culturales y una comunidad dispuesta a priorizar la protección sobre la transgresión.
NOTA:
Este artículo abreva en otro trabajo en edición: Dueñas, G (2026) PULSIÓN DE MUERTE EN LA ARENA. Anomia, riesgo y desprotección en la frontera de Pinamar





