La fábrica de quesos y productos lácteos Vidal sufrió un duro golpe judicial, en el marco del conflicto que mantiene con trabajadores despedidos nucleados en el sindicato lechero ATILRA.
Fue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante los jueces Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, quien rechazó todos los recursos y quejas presentados por Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, y la senadora bonaerense Florencia Arietto, contra el juez de la causa.
Lácteos Vidal había apelado las resoluciones que ordenaban cumplir con la reincorporación de 29 trabajadores despedidos sin causa, las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de ATILRA.
También había recusado a los camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no hizo lugar a ninguno de esos pedidos, con lo cual se le acabaron los recursos posibles y, así las cosas, deberá cumplir con el fallo.
Años
El conflicto inició en 2018, cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
Recién en 2022 los trabajadores hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida esta, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.
Tras no recibir ni una sola propuesta por parte de la patronal, en agosto de 2022 los trabajadores de Lácteos Vidal iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Un mes después, la empresa láctea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo fuera de convenio para continuar produciendo, pese a que el fallo judicial lo prohibía explícitamente.
Junto con la familia Bada Vázquez, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización anti-sindical que tiene como cara visible a la abogada y legisladora Florencia Arietto, denunciaron que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba.
Tras ello, la Justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no había existido y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.
Con información de Gestión Sindical
