El más aristocrático de los poderes del Estado se prepara para resistir el intento del gobierno de modificar un régimen jubilatorio que los aleja del resto de la sociedad. Bajo el insólito argumento de preservar su “absoluta independencia” de los otros poderes, jueces y fiscales cierran filas para que la democracia y la transparencia no penetren la oscuridad del sistema que los protege.
Por Claudio Siniscalco
En el proyecto enviado al Congreso el viernes último se detalla que en el régimen correspondiente al Poder Judicial existen 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio $ 32.600 mensuales (573 millones). En tanto que son siete mil los beneficiarios que perciben un haber medio jubilatorio de $289.000 (2023 millones), excluidas las pensiones.
En tanto, la jubilación ordinaria más alta abonada es de $ 770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en $14.068; y más de 7 veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a $ 103.064.
Incluyendo al Servicio Exterior (diplomáticos), estos regímenes de privilegio alcanzan actualmente a más de 8 mil personas que perciben haberes promedio de entre 235 mil y 335 mil pesos por mes, es decir, hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que hoy es de 14 mil pesos. En conjunto, estas jubilaciones suponen un gasto de 25 mil millones anuales, aunque solo representan un 3 por ciento de la clase pasiva.
Según señalan desde el Ejecutivo, el propósito es «fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo».
Además, se considera que el sistema jubilatorio no debería reproducir absolutamente las mismas desigualdades de ingresos que se registran durante la vida laboral activa, sino al menos suavizarlas.
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Los cambios más importantes
· * Aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria, hasta alcanzar los 65 años.
· * Incremento de 7 puntos en el aporte jubilatorio (de 11 a 18 por ciento del salario)
· * Aumento de los años de servicio requeridos (se deberán acreditar 30)
· * La jubilación será equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas 120 remuneraciones (10 años).
Defensa corporativa
Ante este proyecto de reforma, la defensa corporativa no se hizo esperar. Profundamente conservadores, acostumbrados a no rendir cuentas, a no someterse al escrutinio social, son los representantes más fieles de la clase dominante dentro del aparato del Estado. Convalidan dictaduras, llenan las cárceles de vulnerables, defienden mayormente los intereses de los poderosos y suelen oponerse a los cambios, a la diversidad, a la ampliación de derechos.
El gobierno de Cambiemos significó una medida de todo lo que es capaz de convalidar el Poder Judicial. Endeudamiento, tarifazos, destrucción de la industria y empobrecimiento de millones, además del ocultamiento de la desaparición de un submarino, entre otras tropelías, fueron aprobados por el sistema judicial, desde la Corte para abajo, con las honrosas excepciones de un puñado de jueces y fiscales que alzaron su voz contra los atropellos.
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La asociación ilícita con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la prensa hegemónica y funcionarios y legisladores macristas para perseguir opositores significó un punto culminante en el reinado del delito y la oscuridad impuesto por el PRO (que significa Propuesta Republicana).
Tampoco son idóneos profesionalmente, ya que como mínimo son corresponsables de la tradicional lentitud e ineficiencia de “La Justicia”, plagada de juicios eternos y casos no resueltos.
¿Independencia de quién?
Sin embargo, lejos de dar explicaciones por todo lo que no hacen o hacen mal, se sienten con derecho de amenazar al Ejecutivo y al Parlamento.
La Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Gallo Tagle, y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), liderada por el fiscal federal Carlos Rívolo, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan la reforma y advierten sobre “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.
«Con sorpresa advertimos que el proyecto del poder ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando sostuvo: “Que desde Fallos: 176:73, este Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia”.
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Pero al margen de las grandilocuentes expresiones del comunicado de jueces y fiscales, quedó claro que los elevados salarios que percibieron durante el macrismo, así como sus expectativas de no menos jugosas jubilaciones, no les impidieron perder de manera escandalosa su “absoluta independencia” respecto del Poder Ejecutivo.
