El repudio al neoliberalismo también sacude a Colombia
Con marchas masivas, Colombia se sumó ayer a la ola de condena a las políticas neoliberales que viene protagonizando una parte de América Latina. Cientos de miles de personas tomaron las calles. La represión del gobierno de Iván Duque dejó tres muertos y más de cien heridos.
Organizaciones sociales calculan que un millón de personas habrían salido a las calles en todo el país para condenar, principalmente, los proyectos de reforma laboral y previsional. La concurrenci fue variada: participaron indígenas, mujeres, estudiantes, sindicalistas y muchas familias.
Cientos de miles de personas ingresaban, alegres y pacíficas, a la Plaza de Bolívar. Portaban banderas de Colombia y mensajes que claman por la vida de los indígenas y líderes sociales, y critican el gobierno del presidente Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y previsional.
La marcha más grande de los últimos años en Colombia terminó con represión en el centro de la capital. Hacia las cinco de la tarde, los policías antidisturbios cercaron las esquinas de la Plaza y las llenaron de gases lacrimógenos provocando el caos y la confusión.
«Marchamos por los derechos de los colombianos»
Página/12 conversó con Ingrid González, quien salió a las calles junto a sus hijos y esposo: “Estamos marchando por los derechos de los colombianos, por reformas que son injustas, pensionales y laborales, y principalmente estoy marchando por la infancia, porque los niños están siendo sometidos aún a reclutamiento forzado y a bombardeos (como ocurrió con 18 menores asesinados por la Fuerza Pública durante un ataque a campamentos de disidencias de las Farc)”.
Este episodio generó el rechazo del pueblo colombiano y fue uno de los motivos que más indignación removió durante la marcha. Para Andrés Cubillos, ciudadano bogotano, su presencia en la marcha se trató de “un mensaje de paz y acompañamiento a todas las personas que han sufrido el desgobierno de Duque. Hace años acá un muerto más no quita ni pone, y pues marchar es un mensaje de vida”.
En la Avenida Quinta de Cali, en la zona Suba de Bogotá y otros puntos de la capital se presentaron disturbios hasta horas de la noche. La violencia también llegó a las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en la capital, cuando encapuchados destruyeron la estación del transmilenio. Un Policía golpeó en el rostro una joven estudiante mientras se movía indefensa en bicicleta. En Suba, la jornada terminó en llamas tras horas de enfrentamientos. Entre tanto, en Cali decretaron el toque de queda en medio de los desmanes.
El presidente Iván Duque, el gran cuestionado de esta jornada, estuvo en reuniones a lo largo del día sin dar declaraciones a medios. En la noche, su oficina de prensa comunicó que el Presidente había sido informado de los movilizaciones en teleconferencia con los 32 departamentos del país, pero no se refirió a las causas de la enorme movilización. Organizaciones sociales calculan que un millón de personas habrían salido a las calles en todo el país, sin embargo el Puesto de Mando Unificado del gobierno habló de 200 mil manifestantes.
La represión del gobierno de Iván Duque, que ordenó el cierre total de las fronteras y desplegó un desproporcionado operativo de seguridad en las calles durante el paro nacional, dejó un saldo de tres personas muertas. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, confirmó que los fallecimientos ocurrieron durante las protestas en Buenaventura y en Candelaria, ambos municipios del departamento Valle de Cauca, en el oeste del país. De acuerdo al funcionario, los heridos fueron 148 militares, 122 civiles y tres policías.
Paquetazo
Las centrales obreras habían convocado la protesta el mes pasado, en rechazo de un «paquetazo» que dicen “causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores”. Entre las medidas, se espera que se elimine el fondo estatal de pensiones, se aumente la edad de jubilación y se contrate a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras. Otra causa del descontento surge del asesinato de numerosos líderes sociales de zonas rurales, así como del incumplimiento de parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrila de las FARC.