El Kirchnerismo quiere adelantar entrada en vigencia de nuevo Código Civil
Luego de que distintos precandidatos presidenciales del arco opositor anunciaran que si ganan las elecciones derogarán el nuevo Códigos Civil y Comercial, aprobado en medio de polémicas por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y girado al Senado, desde esta última Cámara quieren evitar que esto ocurra, para lo cual el oficialismo presentó un proyecto de modificación de los plazos de entrada en vigencia de la reforma, adelantándola para el 1 de agosto de 2015 en lugar del 1 de enero de 2016 como fue convalidada inicialmente.
Una de las partes polémicas aprobadas es el artículo que abre la puerta a la pesificación de depósitos y deudas contraídas en moneda extranjera, al establecer que los acuerdos de acreencias en moneda de otro país se pueden cancelar en el equivalente en pesos a la conversión vigente. Esto altera el sistema vigente y enciende las alarmas para distintos ahorristas que tienen bonos en dólares, sobre los que distintos analistas advirtieron sobre la posibilidad concreta de que se devalúen sus colocaciones y no tengan herramientas legales de demanda ante el no pago; además, se induce a poner fin a los acuerdos de particulares en dólares.
La propuesta ya fue aprobada en Diputados por 134 votos a favor y ninguno en contra, tras el retiro de los bloques opositores, que cuestionaban el tratamiento de urgencia de una norma que reglará la convivencia social y acuerdos comerciales a largo plazo, lo cual demanda según señalaron un mayor debate sostenido en el tiempo antes de modificarlo.
Tras esto, y frente al temor de que si un gobierno de otro color político asume el 10 de diciembre de 2015 y deroga la reforma antes del 1 de enero de 2016, que es cuando debe entrar en vigencia, el titular de la bancada kirchnerista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, y el también senador Aníbal Fernández presentaron hoy una iniciativa para modificar la reforma, de modo que en lugar regir a partir del 1 de enero de 2016, como estaba previsto, lo haga el 1 de agosto del 2015.
Los legisladores explicaron que el plazo inicial que fue aprobado «respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar un proceso de divulgación de la nueva legislación, no sólo entre sus destinatarios en general, sino, en particular, en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia».
Al solicitar el adelantamiento de la fecha, plantearon que desde la «íntima convicción en torno a las bondades intrínsecas que caracterizan el nuevo ordenamiento, que viene a dar respuesta a modificaciones largamente esperadas por la sociedad», se hace necesario aplicar el nuevo Código antes de que cambie el gobierno, porque si no se dilata «el acceso de la sociedad a los beneficios que se derivan de la nueva legislación aprobada».
Por otra parte, volvieron a rechazar que no haya habido debate antes de llevar la propuesta al Congreso, al recordar que hubo «un proceso de amplia participación de miembros del Poder Judicial, de la docencia, de los Colegios de Abogados y de otros medios académicos, y también del universo de las instituciones privadas que en los últimos años habían reclamado la unificación del derecho civil y del derecho comercial y la recepción de los avances legislativos alumbrados en el derecho comparado y también en la jurisprudencia».
«Antes de la sanción definitiva del proyecto de ley destinado a la aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico y profesional del derecho; conocimiento que también se extendió a entidades y organizaciones sociales como asimismo a una incontable cantidad de personas que se interesaron en los nuevos institutos y normas de la codificación entonces propuesta», consignaron Pichetto y Fernández.
