Una paritaria devaluada es solo la punta del iceberg en el reclamo de los trabajadores judiciales bonaerenses contra la gobernadora. Déficit edilicio y empleados desbordados son la contracara de una drástica reducción del presupuesto asignado al sistema judicial. Lidiar con “un patrón de dos cabezas”, como lo define el referente sindical Oscar Yenni, no facilita las cosas.
Por Claudio Siniscalco
Los trabajadores judiciales bonaerenses cumplieron el miércoles y jueves últimos un paro de 48 horas, que el miércoles fue acompañado por una movilización a la Casa de la Provincia. Allí confluyeron junto a gremios como CICOP, que representa a los profesionales de la salud, y ATE.
“Hay más de 600 mil estatales en toda la provincia que venimos sufriendo el ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal”, señala Oscar Yenni, miembro de la conducción provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y referente de la agrupación Judiciales Unidos Bonaerenses. “Pero no solo reclamamos por la cuestión salarial”, agrega, aunque se refiere en primer lugar a ese aspecto, ante la consulta de Infobaires24.
“Estamos ya en mayo y no hemos recibido a la fecha una propuesta coherente de aumento salarial, ni siquiera para alcanzar los niveles de inflación de lo que va de este año. Solo nos han ofrecido un 7,5% a cuenta de futuras mejoras. Nosotros venimos ya transitando desde 2018 una merma en nuestro salario, que tiene que ver con una diferencia por inflación de 18 puntos, y en lo que va de este año estaríamos sumando ya un 25 ó 30 por ciento a la fecha”, explica Yenni.
La gobernadora, tal como acostumbra, responde a esta realidad con negaciones, silencios y cinismo, nunca con soluciones. “No quiere reconocer la pérdida salarial del año pasado, y no hay novedades concretas con respecto a este año”, comenta el líder gremial.
Mucho más que salarios
Contrariando la estigmatización de la que son objeto muchas veces los dirigentes sindicales, a los que se acusa, en forma interesada, de tener una mirada que no excede el tema salarial, Oscar Yenni muestra una visión global sobre las problemáticas de su actividad. En ese sentido, subraya que “nosotros no solo venimos reclamando por el tema salarial, sino que destacamos la necesidad de contar con una mesa técnica para trabajar sobre el mapa judicial, para la puesta en funcionamiento de los juzgados que están creados por ley, como así también el nombramiento de personal y todo lo que tiene que ver con la crisis edilicia que sufre la provincia. En el caso de los judiciales hay decenas de edificios que no son aptos para la labor que se desarrolla en ellos, y en su mayoría son inmuebles alquilados”.
Volviendo al contexto, una crisis similar de infraestructura la tienen las escuelas y los hospitales, víctimas del mismo ajuste aplicado por Cambiemos a nivel nacional y provincial.
Oscar Yenni
Con respecto a los motivos, pone el foco en las prioridades que se establecen desde el poder. “Entendemos que esto tiene que ver con una decisión política de dónde poner la plata y la enmarcamos en lo que fue el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Al Poder Judicial, históricamente, se le asignó para su funcionamiento un 7% del presupuesto. Hoy estamos en un 4,3% para cubrir las necesidades de todos los bonaerenses en el ámbito de la justicia. Es evidente que eso no alcanza”, cuestiona.
“Si comparamos con otras provincias, Mendoza, Córdoba, la misma Ciudad de Buenos Aires, aportan de su presupuesto un 7 ó un 8 por ciento para el Poder Judicial, contra el 4,3% de Buenos Aires. Esto se traduce en la falta de juzgados, de personal y, en definitiva, en la falta de soluciones por parte de la Justicia hacia los ciudadanos”.
Mejorar el servicio de justicia
En esa misma línea, sostuvo: “Nosotros creemos que el servicio de justicia debe mejorarse. Tenemos no solo el tema de la infinidad de alquileres que se están abonando, también hay proyectos de ciudades judiciales que no se han implementado. Ahora tenemos la problemática de los escritos electrónicos, que si bien facilitan el trabajo de los abogados, obviamente colapsan el sistema hacia adentro para los trabajadores. Entonces, hay una serie de reclamos que no tienen que ver con lo salarial sino con el funcionamiento de este sistema de justicia».
Yenni resalta que este ajuste en el presupuesto destinado al sistema judicial cobra mayor relevancia por tratarse de una actividad ejercida por el Estado en forma monopólica, lo que no ocurre, por ejemplo, con la salud y la educación, que cuentan con alternativas en el ámbito privado. «En este caso, no hay justicia privada. El Estado brinda la justicia que necesitan todos los bonaerenses, es un servicio para todos. Y sin embargo, en la propia justicia no hay ni independencia política ni independencia económica».
Otras cuestiones para solucionar
«También hay otras cuestiones sectoriales para solucionar, como el caso de los peritos. Hay una serie de inequidades hacia adentro del Poder Judicial, donde hoy todos sabemos que es un ámbito interdisciplinario, que no solamente es el mundo de los abogados, sino que hay otros profesionales, a los que no se les paga en la misma medida que a los abogados. Por otro lado, todo el personal de las oficinas de mandamientos y notificaciones, aquellos que llevan cédulas, que trabajan en la calle, tienen conflictos relacionados con la inseguridad que se vive en la provincia, y además no se les abona en tiempo y forma la movilidad para poder cumplir su función».
Finalmente, cuestionó: «Somos los únicos en la provincia de Buenos Aires que no contamos con un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Todo lo que está escrito lo escribe la Corte, como patronal, en cuanto a la relación laboral, desde que ingresás hasta que te jubilás».
«Entonces, es fundamental que tengamos una ley de paritarias y en ese marco poder sentarnos con la Corte. Siempre decimos que los trabajadores del poder judicial tenemos un patrón con dos cabezas: el Ejecutivo, en lo que tiene que ver con lo económico y la Corte en lo que respecta a las condiciones de trabajo. Por lo tanto, es indispensable contar con una ley de paritarias y un CCT, en donde la Corte y los trabajadores nos podamos sentar y debatir un convenio para el sector, lo que se va a traducir en un mejor servicio de justicia», concluyó.
