Techint, desde Mussolini hasta Macri
Por Raúl Dellatorre. Esta semana, la justicia federal procesó al titular del Grupo Techint Paolo Rocca, en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La familia Rocca, uno de los grupos corporativos más emblemáticos del país, ha cumplido un papel protagónico en la política local y regional, justamente por esa característica. Y por el papel que le asigna a las grandes corporaciones empresarias el modelo neoliberal que impera en la región desde los años 70. Más precisamente en Argentina, desde la dictadura cívico militar de 1976 y de sus pasos preparatorios en las postrimerías del gobierno de Isabel Perón, con la aplicación del Rodrigazo como plan de aniquilación del gobierno democrático. Desde entonces, las grandes corporaciones han tenido mucho que ver con el poder y las políticas públicas.
El imperio Techint es anterior a ese momento histórico. Su origen, y puntualmente su fundación como empresa, se remonta a 1933, cuando Agostino Rocca crea su propia empresa en Italia, beneficiándose de la experiencia ganada en el sector público, como director del área siderúrgica del gobierno de Benito Mussolini. Con versatilidad política mostrada desde un primer momento, Agostino cambia la orientación de sus cañones en el año 1943, cuando viendo la inminente caída del régimen empieza a tejer vínculos con capitales americanos, pensando en un nuevo horizonte. Logra sortear una primera etapa de inconvenientes –incluso fue apresado por sus vínculos anteriores con el fascismo, pero recupera muy pronto la libertad– y tras un primer paso por Estados Unidos decide adoptar como residencia la Argentina.
La etapa neoliberal significó la consolidación de Techint en el país y la región. Anudó el negocio siderúrgico a la construcción, luego al petróleo y finalmente incursionó en la alta tecnología y otras formas de negocios que le generaran utilidades pero también acumulación de poder. Los negocios con el Estado siempre fueron un buen trampolín para estos grupos corporativos, y en especial en la etapa de las privatizaciones. Socio en emprendimientos en los que no tenía ninguna experiencia previa, hizo valer sin embargo su aporte de know how sobre qué timbres tocar y con quién “conversar” para avanzar sin problemas con las privatizaciones. Sus socios extranjeros supieron reconocer el valor de ese servicio.
Paolo Rocca es heredero del imperio que manejó su padre, Roberto, y luego su hermano, Agostino como su abuelo. Prácticamente no hay condiciones personales que cambien el estilo de relación que mantuvo cada uno de ellos con los gobiernos de turno: afables, entradores, pero siempre demostrando poder y sin privarse de algún grado de extorsión para llegar a sus objetivos. Con los gobiernos más neoliberales no les resultó tan necesario recurrir a las malas artes. Con gobierno con mayor grado de contradicción con sus políticas, como el kirchnerismo, la cosa resultó más ambivalente. En Venezuela pasó algo similar con el gobierno de Hugo Chávez, pero allá explotó la relación, como lo cuenta la nota central de estas páginas. Con Mauricio Macri, obviamente, la cosa va mucho más fluida. Incluso cuando la situación judicial empezaba a acorralarlo en Argentina, el presidente de la Nación no se privó de mostrarse junto a Paolo en Vaca Muerta para demostrarle su respaldo.
Techint y Paolo Rocca extendieron sus negocios por el mundo, pero así también las dificultades cuando la Justicia comenzó a investigarlos. La justicia federal argentina, en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, resolvió procesarlo bajo sospecha del pago de coimas. Rocca ya había quedado al borde de la imputación el 4 de septiembre, día en que la justicia adelantó que investigaría a las “empresas beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación.
El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4000 millones de pesos. En agosto pasado, en medio del gran despliegue mediático judicial de la causa de los cuadernos, en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca aseguró que no había participado del llamado “club de la obra pública” aunque sabía que “las cosas no estaban bien, pero no fuimos cómplices ni partícipes”. En la misma ocasión, reconoció también que “Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de un apoyo”.
Por otra parte, la fiscal de Milán Donata Costa le solicitó a su par argentino Carlos Stornelli la información referido al grupo Techint que obre en la causa de coimas en la obra pública. La investigación que se desarrolla en la justicia italiana apunta a determinar si hubo directivos de Techint que utilizaron sociedades offshore y una cuenta en Suiza para pagar sobornos a funcionarios brasileños para acceder a contratos de compra de Petrobras. El grupo Techint concretó en Brasil ventas de tubos y caños a la petrolera estatal por más de 1600 millones de dólares. Pero para lograr esos contratos habría pagado coimas por 9,4 millones de dólares a funcionarios brasileños, según las revelaciones surgidas de testimonios en la causa Lava Jato, que impulsa la justicia brasileña. Los pagos ilegales que se investigan se habrían efectuado entre 2009 y 2013, según lo acredita un documento público firmado por el juez brasileño Sergio Moro.
Los hombres de la justicia italiana ya hicieron contacto, por lo menos en una oportunidad anterior, con fiscales argentinos para requerir información relativa a los movimientos de Techint. Otra de las causas relacionadas con los contratos de obra pública de los que se benefició el consorcio ítalo argentino está en manos del juez federal Luis Rodríguez, en la cual interviene como fiscal Eduardo Taiano. Este último mantuvo reuniones el año pasado con otro fiscal italiano, Fabio Di Pasquale, quien viajó a la Argentina para obtener colaboración a la justicia argentina con las causas que se siguen en su país. En el caso actual, la intención de la fiscal Donata Costa es solicitar información surgida de la investigación argentina que pudiera resultar útil, a su vez, para la que se tramita en los juzgados italianos.
Crédito: Página 12
