El Gobierno abrió una licitación para contratar un servicio de envío de SMS masivos
El gobierno abrió una licitación para contratar un servicio de envío y recepción masiva de SMS. Desde Jefatura explicaron que sólo será utilizado para difundir campañas institucionales. La noticia generó una rápida asociación con el caso brasileño e invita a dudar de dichos fines por la cercanía del año electoral.
Desde el Gobierno se aprobó la apertura de una licitación para contratar un servicio de envío y recepción masiva de SMS. La Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, es quien lleva adelante la gestión e indicó que se trata de una plataforma que sólo utilizarán para difundir campañas institucionales. El valor de la licitación es cercano a los $5 millones de pesos.
Al tratarse de un servicio que incluye tanto el envío cómo la recepción de mensajes, el mismo posibilitaría la emisión de respuestas por parte de los usuarios que los reciban. Para esto se crearía una «Unidad Ejecutora Especial» sobre el tema que tendrá acceso a las respuesta y dependerá de Jefatura de Gabinete. En el pliego se especifica que la información recibida no será difundida sin previo análisis y diversificación a grupos específicos. El servicio contratado sería para el envío de 6.500.000 SMS por el lapso de 12 meses.
Según indicaron, el servicio de envío de SMS se debe licitar aparte porque no está incluido dentro del presupuesto destinado a publicidad oficial, como si lo está la campaña para las elecciones del 2019 que el PRO tiene en sus oficinas de Balcarce -también a cargo de Peña-, y por eso se realizan estas «contrataciones especiales».
Desde el Gobierno informan que el servicio será utilizado para el envío de mensajes de texto con fines de difusión de campañas institucionales, una práctica que ya utilizan en programas como «El estado en tu barrio» o «Precios Cuidados».
Un hecho a tener en cuenta es la rápida y sorpresiva campaña iniciada por el ENACOM de las semanas pasadas, donde de forma abrupta se informó a los usuarios de líneas prepagas de celulares que debían registrarse – generando con esto una nueva base de datos actualizada – para no ser bloqueados o inhabilitados para realizar y recibir llamadas.
La utilización de la información privada de los argentinos y la venta de bases de datos es una práctica habitual tal como lo evidenciaron numerosas investigaciones periodísticas entre las que podemos mencionar el caso de los aportantes truchos en la campaña de 2017 denunciada por el periodista Juan Amorín, donde se utilizaron las bases del ANSES, -con quien la Jefatura de Gabinete firmó un convenio en 2016 para que la Secretaria de Comunicación pueda acceder a sus bases de datos-, entre otras bases y fuentes de información de carácter privada.
