La CGT cuestionó el allanamiento en el gremio del caucho
La CGT expresó su «amplio repudio» al allanamiento que se realizó el pasado jueves en el Sindicato Obrero del Caucho y Afines (Socaya), al tiempo que lo atribuyó a «cuestiones electorales sindicales».
La central obrera señaló que se trató de una «intromisión de la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional» y agregó: «Para resolver cuestiones relativas a procesos electorales sindicales, resaltamos con preocupación que estas cuestiones tienen su juez natural en el Ministerio de Trabajo de la Nación y su instancia de revisión en la Justicia Nacional del Trabajo».
Según la Confederación General del Trabajo (CGT), el operativo coincidió con «una sugestiva mora administrativa de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales» para resolver una situación netamente gremial que «trata de enmendar con resoluciones intempestivas, fuera de sus facultades y nuevamente en forma sugestiva al filo del comienzo de la feria judicial de verano».
«Acompañaremos a nuestra entidad Confederada y a sus trabajadores, en todas las instancias de lucha sindicales, administrativas y judiciales, elevando la queja pertinente para su pronta actuación a la Organización Internacional del Trabajo», concluyó el comunicado.
En julio pasado, el Socaya había realizado elecciones internas que, según la Junta Electoral conformada, fueron ganadas por Juan Carlos Ponce, quien lideraba la Lista Celeste y Blanca.
Sin embargo, el candidato opositor de la Lista Verde, Claudio Streitenberger, había denunciado irregularidades en los comicios, aunque luego desistió de las acusaciones.
La Junta Electoral informó que el postulante disidente «compareció ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación el día 12 de julio, en audiencia en la que se establecieron criterios definitivos sobre cuestionamientos que surgieron de las observaciones e impugnaciones efectuadas por la Lista Verde, la cual desistió por acta labrada en el Ministerio del Trabajo, expresamente de cualquier impugnación anterior, y por lo tanto avalando los actuado por la Junta Electoral del Socaya».
Meses más tarde, el panorama cambio y se volvió a votar en 15 urnas que habían sido cuestionados: Ponce, que manejaba el sindicato desde 1973, perdió frente a Streitenberger, pero se negó a ceder el control de la entidad gremial.
Ante esa situación, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el pasado jueves el allanamiento de la sede sindical y desalojó al derrotado dirigente, así como cedió el mando al nuevo secretario general.
Según el expediente del magistrado, los integrantes de la Junta Electoral y de la Comisión Directiva están acusados de haber cometido hechos ilícitos con el objetivo a adulterar el resultado de los comicios.
«Esperamos que se resuelva para empezar a trabajar inmediatamente en representación de nuestros compañeros», había subrayado Streitenberger días antes del allanamiento.
