La comunidad educativa de la Universidad de las Madres continúa la protesta
Tras la intervención de la Universidad de las Madres por parte del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, alumnos, docentes y no docentes mantienen las medidas de fuerza. «Aprendimos de las Madres la resistencia», aseguran.
“Venimos pasando estas noches heladas en el quinto piso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde funciona provisoria y precariamente la Universidad de las Madres desde hace un año y medio. Estamos durmiendo acá desde el martes”, relata para Página12 Agustina Suárez, Secretaria de Comunicación del Centro de Estudiantes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Los alumnos, docentes y no docentes eligieron este método de protesta frente a la avanzada contra la Universidad, que tomó forma la semana pasada cuando el gobierno de Mauricio Macri llevó a cabo su amenaza de intervenirla. La noticia de la intervención llegó el martes pasado al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (tal es su nombre desde su estatización, en noviembre de 2014) a través de una resolución firmada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el de Educación, Esteban Bullrich. En ese documento se establecía remover de su cargo al rector Germán Ibáñez y en su lugar designar al exinterventor del Inadi y juez contravencional Javier Alejandro Buján.
¿Qué hay detrás de esta intromisión? La comunidad académica denuncia que se trata de una maniobra que desembocará en despidos, en la revisión de los planes de estudio basados en los derechos humanos y todavía más recorte presupuestario. “Esta intervención es el corolario de un clima de vaciamiento: los docentes de la Universidad no cobran sus salarios desde hace 17 meses”, agrega Suárez.
“Se puso muy frío y difícil continuar con esta medida pacífica pero aprendimos de las Madres la resistencia. Ellas nos trajeron acolchados, también nos están acercando comida porque no es tan fácil para nosotros entrar y salir de acá. Estamos en contacto con las Madres todo el tiempo”. Hoy la resistencia aprendida tomó forma de festival: hubo radio abierta -con la presencia del diputado provincial Miguel Funes (FpV)-, olla popular, música en vivo, torneo de fútbol y un taller de teatro. Hacia el final del día “la última actividad, que era una representación sobre el 25 de Mayo, fue interrumpida por la policía, que vino en plan de amenaza a pedirnos documentos a algunas de las personas que estaban acá en el acampe», contó Suárez. «Los alumnos de la Universidad hemos aprendido varias estrategias de las Madres para enfrentar la violencia institucional. Así que lo que hicimos cuando la policía empezó a pedir DNI a algunos fue decirles: bueno, les mostramos los documentos, pero se los mostramos todas las personas acá presentes, nos van a tener que tomar los datos a todos. Todos o ninguno. La policía entonces no quiso hacerlo, desistieron y se fueron”, completó.
Desde el miércoles a esta parte la comunidad académica de la Universidad de las Madres presentó varias cartas al ministro Germán Garavano, pero no obtuvo respuesta. “No nos recibió. En el Ministerio solo tomaban la carta, le ponían el sello, pero hasta ahora no tuvimos ningún tipo de comunicación o señal de parte de ellos”. En la última carta solicitaron una reunión con el ministro para pedir explicaciones sobre esta intervención “injustificada e ilegítima, que representa además una amenaza para el libre pensamiento y la autonomía universitaria”. Consideran que la intervención representa un nuevo avasallamiento a las conquistas realizadas por las Madres de Plaza de Mayo, que se suma a otros recientes atropellos como el allanamiento de la Fundación, el intento de detener a Hebe de Bonafini y su posterior procesamiento.
En la carta dirigida a Garavano, los docentes, no docentes y alumnos de la Universidad denuncian el vaciamiento y recorte presupuestario que sufre la institución desde la llegada de Cambiemos. Exigen la contratación de los docentes según el convenio colectivo, la continuidad del proyecto académico con sus autoridades legítimas y de todos los puestos de trabajo, el pago de los salarios adeudados y la asignación de un edificio para su normal funcionamiento, ya que hace un año y medio que los docentes y alumnos se encuentran “refugiados” en el quinto piso de la Secretaría de DDHH, con apenas cuatro aulas para el dictado de todas las carreras de la Universidad.
