En Uruguay, los policías denunciados por violencia de género cobrarán el 50% del sueldo mientras la Justicia los investiga
Resulta sorprendente la cantidad de policías de Uruguay que se ven involucrados en casos de violencia de género; muchos de ellos son asesinatos con armas de la institución a la que sirven. Sin embargo, desde ayer, aquellos efectivos que sean denunciados no podrán utilizar su arma reglamentaria y cobrarán la mitad de su salario mientras la Justicia establece su responsabilidad. La medida se toma a partir una resolución del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
La policía tiene una larga tradición de cultura autoritaria machista y un acostumbramiento peligroso al uso de la violencia, tanto en Uruguay como en Argentina. La diferencia es que en este caso, hay conciencia en el Gobierno del país hermano acerca de la necesidad de tomar medidas para reducir y repudiar, a través del ejercicio de la ley, una práctica que se ha tornado insoportable para la sociedad y particularmente para las víctimas, las mujeres.
Otro punto de la resolución del Gobierno es el relativo a la función que cumplirá el policía supuestamente golpeador en tanto la Justicia estudia y resuelve los casos. Lo resuelto es que los hombres denunciados sean trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación.
De ese modo, el acusado debe trabajar sobre su rehabilitación y no continuar en el ejercicio de la violencia pública, donde de modo habitual se observa que las conductas agresivas se acentúan en razón de la impunidad con que se manejan en el ejercicio de sus funciones.
Femicidios íntimos
El martes se presentó en la ciudad de Montevideo, un informe titulado «Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas», que elaboró el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Una de las profesionales que realizó el trabajo, Paula Coraza, reseñó que el objetivo fue «caracterizar este fenómeno de los homicidios a mujeres a manos de parejas o ex parejas. Para ello tuvimos un arduo trabajo de campo, de revisión de todos los registros administrativos desde 1996 hasta 2016», con un universo de casi 300 casos analizados y procesados.
«El aspecto más llamativo que surgió en la primera exploración de los datos fue el hecho de que la convivencia fue crucial para determinar las diferencias entre los homicidios perpetrados a mujeres por sus ex parejas. Era clara la diferencia entre las personas que convivían en momento del hecho, las que convivieron con anterioridad, es decir que eran ex parejas, y las que nunca convivieron», dijo Paula Coraza.
Al exponer sobre el particular, Coraza insistió en la urgente necesidad de contar con una Ley Integral de Violencia de Género.
