Tras los golpes a Rafecas, el poder judicial pide indagar a Cristina
Luego de marcarle la cancha al juez que cerró la denuncia de Nisman, el poder político no electo por el pueblo arremete contra la expresidenta en una causa por el supuesto desvío de fondos a Lázaro Baez.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez.
La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini quien convocó a la ex mandataria para el 20 de octubre y dispuso también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
Se trata de un nuevo ataque del poder judicial que la semana pasada disparó contra el juez Rafecas mediante una solicitada que pedía su destitución después de que cerrara la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina por el memorándum con Irán. Hoy, el juez Ariel Lijo cerró el expediente por la solicitada.
Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, habían reiterado el lunes pasado su pedido para que el juez Ercolini citara a la ex presidenta a indagatoria; junto con otras 34 personas (entre ex funcionarios y empresarios), de las cuales algunas no serán citadas, por ahora.
«Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros», habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial 9.
La denuncia que dio origen a la investigación había sido presentada en el 2008 por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) que sostuvo que desde el anterior gobierno se había estructurado una asociación ilícita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder.
Lo llamativo es que Lázaro Baez no es el empresario más beneficiado con la obra pública a nivel nacional durante el kirchnerismo. Austral Construcciones figura en el puesto número 37, detrás de empresarios como el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa o Paolo Rocca, de Techint.
En aquella denuncia, la actual dirigente de la alianza Cambiemos había pedido investigar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, De Vido y Báez, y a las las firmas Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., Badial S.A. y Sucesores de Adelmo Biancalani S.A., entre otras vinculadas al empresario detenido.
La diputada y los fiscales habían sostenido luego que los ilícitos denunciados habrían comenzado a fines del año 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidos.
