Trabajadores detenidos y golpeados salvajemente al intentar salvar su fuente de trabajo
Este tarde los trabajadores la empresa recuperada Industrias RB ingresaron al edificio de la calle Parana 1838, en Martinez, para intentar recuperar el control de la fábrica.
La policía desalojó con palazos y gas lacrimógeno, acatanto las órdenes del juez Orlando Abel Díaz que, nuevamente, hizo caso omiso de la ley de expropiación sancionada en 2007 que da pleno derecho a los trabajadores sobre la fábrica.
Varias personas resultaron heridas, con impactos de bala en la cara y el resto del cuerpo. Hasta el momento, 18 de los trabajadores que resistian adentro de la fábrica fueron detenidos y se encuentran ahora en la comisaría.
La fábrica ubicada en Panamá 1726, en la localidad de Martinez, había sido desalojada el pasado 8 de junio a través de la orden tomada por el Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, que dirige el juez Orlando Abel Díaz y que según los trabajadores, fue ilegal y sin notificación. En el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fuera prorrogada en el 2012 por cinco años más y se encuentra vigente.
A las 15 horas, los trabajadores junto a integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se convocaron a cuadras de la planta, e ingresaron recibiendo la represión policial que fue superada por casi un centenar de personas que apoyaban a quienes desde hace 15 días están sin trabajar y sin poder producir. Según explicó en horas de la tarde Murúa, del MNER, “nunca se perdió el contacto con los clientes y los proveedores pero se hacía urgente retomar la planta” para sostener la producción.
Los detenidos se encuentran en las comisarías 10ma, 1era y 2da de San Isidro. Allí están concentrando organizaciones como el MNER y la CTEP, además de Patria Grande, el Movimiento Evita y el Movimiento Popular La Dignidad, entre otras, para exigir la urgente liberación.
Desde la CTEP hicieron responsables “a todos los niveles del Estado” por la integridad de física de los trabajadores.
