Irregularidad en la Causa Qunita: Bonadio había declarado nula una pericia clave
Una pericia para procesar a tres exfuncionarios ya había sido declarada nula por el propio juez. Por una causa similar habían desplazado al juez de Hotesur.
El juez Claudio Bonadío había declaró nula una pericia clave que después utilizó en el procesamiento de los ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y de los ex ministros de Salud, Juan Manzur y Daniel Gollán.
A esto hay que sumar que Aníbal Fernández fue exculpado por la propia legisladora que hizo la denuncia, Graciela Ocaña, quien dijo que el exfuncionario no estuvo en el inicio del delito (la firma del supuesto pago de sobreprecios), pero sí en su finalización y en su perfeccionamiento.
La pericia descartada fue la que el propio magistrado pidió al Banco de la Ciudad para establecer «precios testigos» de los artículos que componen el plan Qunita.
La denuncia afirmaba que el gobierno nacional había aprobado la compra del kit Qunita a más de siete mil pesos, cuando en realidad en el mercado salía cuatro mil.
Los precios testigos utilizados en la causa fueron los del Banco de la Ciudad, que el propio Bonadio descartó. ¿Por qué no dio marcha atrás en su decisión?
Los precios testigos tomados por los peritos del Banco Ciudad no contabilizaron las condiciones de licitación como fecha de entrega. «Solamente se pidieron precios testigos en algunas cadenas importantes, sin contar que los precios de referencia no tienen estipulados la tercerización y la fecha de entrega».
Bonadio podría haber sido desplazado de la causa por esta irregularidad como pasó con el propio juez que fue desplazado del caso Hotesur cuando la Sala I declaró nula la pericia pedido por el magistrado sin la participación de las partes.
«Estoy absolutamente convencido de que se cumplieron todas las normativas vigentes del Estado, se siguieron todos los pasos administrativos correctos, por eso lo firmé en su momento», aseveró Gollan en declaraciones a radio Vorterix, en las que señaló que el fallo de Bonadio «es una falta de respeto porque no soy ni inoperante ni mentiroso».
Por su parte, Aníbal Fernández aseguró que no existe delito en la compra de los kit de Qunita y sostuvo que él no formaba parte del gabinete cuando se firmó la compra.
La causa por sobreprecios en el plan Qunita había sido presentada por la legisladora Graciela Ocaña quien acusó a funcionarios y empresarios de digitar la licitación a favor de la empresa Fasano SRL, cotizó más caro cada uno de los kits del Programa Qunita. A esa empresa el Estado le compró 115.000 kits a un precio de 7850 pesos cada uno por un total de casi 903 millones de pesos.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud está destinado, como lo explica su página web, a «todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)». Una iniciativa del Estado Nacional para «acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos».
Su kit consiste, entre otras cosas, en cuna de encastre a la que se le agrega un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula.
Bonadio actuó a pedido del poder político y procesó a los funcionarios con una prueba que el mismo descartó. En otro momento político esta irregularidad hubiera desencadenado un escándalo.
