Bullrich eligió a un defensor de represores como su jefe de Gabinete
El nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, representó a militares acusados por crímenes de lesa humanidad y fue socio del estudio que defendió a Galtieri.
El flamante jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, Pablo Noceti, es un reconocido defensor de militares acusados por delitos de lesa humanidad.
En 2003, cuando los juicios por los crímenes cometidos por la última dictadura militar se reabrían en todo el país, Noceti asumió la defensa de represores en La Pampa y Concepción del Uruguay. No fue todo. Por entonces, consideró que procesos iniciados por el entonces gobierno de Néstor Kirchner era parte de «legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político».
En un artículo publicado hoy por Página/12 se recuerda, además, que Noceti fue socio del ex abogado que defendió al genocida Leopoldo Fortunato Galtieri en el Juicio a las Juntas militares.
En 2003, Noceti consideró que los procesos iniciados por el gobierno de Néstor Kirchner eran parte de «legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político»
De acuerdo al diario, Noceti se incorporó en 2001 como socio al estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, ambos miembros de la Corporación de Abogados Católicos que – en sintonía con Noceti – llegó a calificar los procesos contra genocidas como «instrumentos de revancha y de represalia política».
En diciembre del año 2003 Noceti apeló el procesamiento contra el teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos.
La decisión adoptada por el juez, según el actual jefe de Gabinete en Seguridad, estaba «sustentada en ligerezas e imperdonables desprolijidades» propias de «un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses».
