Organizaciones sociales acampan en Plaza de Mayo
En el marco de una protesta contra la política económica del actual gobierno nacional, en la que además exigen empleo genuino y paritarias para los trabajos precarizados, aumento salarial para los cooperativistas, mejor salud, educación y contra los tarifazos, distintas organizaciones sociales instalaron 400 carpas en Plaza de Mayo y afirman que no se retirarán «hasta ser recibidos por autoridades nacionales».
Participan de la protesta, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (AGTCAP), la Federación de Organizaciones de Base (FOB), y el Movimiento Resistencia Popular (MRP), entre otras, quienes se concentraron al mediodía en el cruce las avenidas de Mayo y 9 de Julio, desde donde marcharon a Plaza de Mayo.
Entre las exigencias, las organizaciones sociales reclaman «un aumento salarial para los cooperativistas que cobran 3.120 pesos por mes», afirmó a la agencia DyN, Marianela Navarro, referente de la AGTCAP.
Distintas organizaciones sociales instalaron 400 carpas en Plaza de Mayo contra la política económica y por trabajo digno,y afirman que no se retirarán hasta ser recibidos por autoridades nacionales
«Salimos a la calle aquí y ahora para reclamar por nuestros derechos de trabajadores, porque es la única manera con la que hemos logrado frenar a los gobiernos y a los poderosos, el único lenguaje que en realidad entienden. Ellos pretenden la rebaja permanente del salario y la total precarización de nuestras condiciones de vida, nostrxs apostamos a la fuerza de la movilización popular, masiva y persistente, para impedirlo», dice el comunicado elaborado conjutamente por las organizaciones convocantes a la protesta.
Y en otro párrafo agrega que: «El de Macro es un gobierno para los ricos, gestionado como nunca antes directamente por empresarios. Sus medidas de gobierno, rápidas para favorecer a los capitalistas más poderosos, no han incluido ni una sola medida significativa y masiva en favor de los trabajadores».
Además, reclaman políticas de Estado contra la violencia de género y la implementación de un protocolo para la atención integral de las personas de este tipo de violencia, y contra la represión y judicialización de la pobreza.
