Vicentín: ¿de que se trata el cramdown?

Este mecanismo judicial parece ser el menos perjudicial para los trabajadores e incluso podría permitir cobrar a los acreedores.

La causa Vicentín cuenta con un ritmo sincopado dentro de la marcha judicial. Tratandose de una empresa que ha manejado un sector de la economía nacional trascendental para la balanza de exportaciones e importaciones resulta, cuando menos, curioso los tiempos con los que se va tratando el asunto.
La empresa agroexportadora tomó créditos millonarios durante el gobierno de Mauricio Macri y poco antes de que finalizara el mandato de Cambiemos se declaró en cesación de pagos.

Con la opción de la estatización descartada, por el costo político que el gobierno no está dispuesto a pagar, el presidente Alberto Fernández surgió una alternativa que encontró eco entre algunos acreedores, el cramdown.

A pesar de que hubo un intento previo de utilizar este mecanismo, dado el estado del concurso preventivom, parece la última opción antes de entrar en quiebra.
Este mecanismo, previsto en el artículo 48 de la Ley 24.522, estipula la oferta a acreedores y terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la empresa concursada, a efectos de formular una propuesta de acuerdo preventivo.
De concretarse este mecanismo la empresa quedaría bajo la direccion de sus posibles nuevos dueños, estos, haciéndose cargo de la administración de la unidad productiva involucrada. El interesado en adquirir la empresa también debe llegar a un acuerdo con los acreedores y así cumplir con las obligaciones.

La postura del Banco Nación

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, manifestó: “Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentín implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”

Tras el pedido de recusación presentado por el grupo Grassi (operador granario y acreedor de Vicentin) contra el juez Lorenzini señalando su accionar como parcial hacia los intereses de la empresa, la Corte Suprema de Santa Fe pidió la remisión del expediente a través de la avocación, un instituto que solo aplica el Poder Judicial de manera excepcional y ante cuestiones de arbitrariedad manifiesta y faltas de disciplina.
Respecto a la decisión de la Corte de Santa Fe, Heckner consideró: “A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”

El Banco Nación es el principal acreedor del gigante agroexportador, Vicentín le adeuda u$s 300 millones por créditos otorgados.