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Vallejos: “La mayor carga del sostenimiento del Estado recayó sobre las grandes mayorías”

En el marco del IV Encuentro con Congresistas por Justicia Fiscal, la diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo que «con Macri, la mayor carga del peso de la recaudación recayó sobre las grandes mayorías».

Especialistas en materia tributaria de distintos países de Latinoamérica disertaron sobre cómo generar mecanismos de regulación financiera para enfrentar el fraude fiscal y sostener las políticas sociales. La diputada nacional Fernanda Vallejos explicó el caso argentino.

La regresividad de los sistemas tributarios, el fraude fiscal y su impacto negativo en las economías y en la capacidad de los Estados latinoamericanos para implementar políticas públicas, fue el eje del «IV Encuentro con Congresistas por Justicia Fiscal» que se realizó el jueves y el viernes últimos en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

La actividad fue organizada por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Derecho y Desarrollo (Latindadd) y por la Fundación SES. En la mesa junto a Vallejos estuvieron los coordinadores de estas organizaciones, Carlos Bedoya y Ariel Falco, respectivamente. Participaron congresistas y especialistas de México, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras y Perú. También Ana Castellani, del Observatorio de las Elites (CITRA-UMET).

Allí, la diputada (FpV-PJ) Fernanda Vallejos puntualizó cómo la regresividad tributaria que instrumentó el gobierno de Mauricio Macri, que recayó sobre los sectores trabajadores, restó sensiblemente su capacidad de consumo y en consecuencia enfrió la economía y la generación de empleo. Asimismo, detalló cómo la evasión y elusión fiscal que le permitió el Estado a los sectores favorecidos por su política tributaria, impulsó la fuga de capitales, financiada a su vez por la toma de deuda.

«En estos últimos cuatro años, agrupando los distintos impuestos de nuestro sistema, lo que ha sucedido es que los impuestos más progresivos cayeron entre fines de 2015 a la actualidad, desde el 22,1% al 20,7%, los progresivos cayeron del 6% al 4,7% y los regresivos pasaron de representar el 30,4% al 35,7%, lo cual nos habla del avance de la regresividad», apuntó la economista.

«Las élites del poder económico y la utilización de mecanismos tributarios para no pagar impuestos y fugar capitales, es  un problema permanente en toda Latinoamérica», dijo Bedoya

En este sentido, según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) la evasión fiscal en la región es de 340 mil millones de dólares anuales, compuesta por la evasión del impuesto al valor agregado (US$ 120 mil millones), y la evasión del impuesto a la renta de personas físicas y jurídicas (US$ 220 mil millones).

Para la situación argentina, un reciente informe de Proyecto Económico, equipo técnico que conduce Vallejos, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri el Estado le transfirió a privados unos $691.000 millones, entre exenciones por cambios en las retenciones e impuestos. Esto significó efectos distributivos en un sentido regresivo y una merma recaudatoria que le restaron margen de maniobra para implementar políticas públicas. Grandes propietarios, exportadores de granos y empresarios fueron los favorecidos.

Vallejos afirmó que la política tributaria del macrismo tuvo «dos planos de una misma realidad». «Por un lado la mayor carga del peso de la recaudación y sostenimiento del Estado que recae sobre las grandes mayorías, que tienen menor capacidad contributiva. Y por otro lado -prosiguió-, el problema de la evasión y la elusión donde se juega una parte importante de la problemática de la fuga, porque  son los mismos sectores, las élites económicas, las grandes empresas, los que tienen los recursos para estructurar sistemas y plataformas que les permiten eludir al Estado a la hora de tributar», amplió la diputada.

«El sistema fiscal tributario que se constituyó y los instrumentos de política económica que se facilitaron para poder hacer posible esa enorme fuga de capitales, estuvieron financiados a través de la toma de deuda«, amplió la economista.

Las guaridas fiscales, como el caso de los Panamá Papers, fue otro punto abordado en la mesa. Falco indicó que para enfrentar los flujos financieros ilegales es necesario «ampliar los recursos del Estado», en particular de las administraciones tributarias.

Vallejos detalló que según especialistas internacionales «existen entre 400 y 500 mil millones de dólares de patrimonios de argentinos fugados en el exterior, que claramente determinan las dificultades de la Argentina a la hora de financiar el desarrollo»

Estos beneficios impositivos fueron posibles por la presencia en el Estado en estos años de los sectores más concentrados de la economía. En este punto, Ana Castellani indicó cómo las élites económicas ingresaron al gobierno de Mauricio Macri, que priorizó un perfil de funcionario ligado al ámbito empresarial para las áreas políticas más claves.

«El gabinete de este gobierno ha sido colonizado por este tipo de perfiles de élite económica, que ha tenido una presencia privilegiada en el Gabinete nacional. Es un rasgo inédito en la historia argentina«, dijo Castellani. Y agregó que los «riesgos» de esta política fueron «conflictos de interés y la posibilidad de aplicar políticas que entren en colisión con el interés público».

El contexto regional

El contexto regional se inscribió como telón de fondo de la charla, con el estallido social en Chile, el triunfo del peronismo en las elecciones de Argentina y los reclamos en Ecuador y Colombia contra las políticas neoliberales.

«En el continente, no se está utilizando la política fiscal para corregir las desigualdades. Esto no es un problema técnico ni gerencial, es político, porque cuando se quieren discutir normas anti elusión, inmediatamente se arreglan lobbies que en cuestión de horas desbaratan votaciones en los parlamentos», afirmó Bedoya

Por su parte, Falco apuntó que existe un déficit a nivel continental por no contar con un organismo supraregional que aporte recomendaciones de carácter vinculante para los países, como lo fue la Unión de Naciones Suramericanas. «Eso hace que cada uno de los países en solitario haga sus políticas, y así las cosas son más difíciles porque cuando Argentina pone restricciones al capital y al sistema financiero, Perú y Colombia se abren», sostuvo.

En el debate se puso sobre la mesa la contraposición política entre el eje Trump-Bolsonaro y el eje López Obrador-Fernández, como diagrama político del continente. En este punto, la diputada mexicana Laura Imelda Pérez Segura planteó que para avanzar en políticas económicas que apunten a la redistribución «es fundamental la protección de los gobiernos progresistas de los ataques orquestados desde el norte de América y sus aliados en los propios países, usando los medios de comunicación masivos».

A su turno, la ecuatoriana Carola Iñiguez, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), se refirió a las avanzadas judiciales y mediáticas (lawfare) contra los líderes populares de América Latina y a la no vinculación de la corrupción con el sector privado. «El tema del lawfare estuvo centrado principalmente en inventar en muchos casos situaciones vinculadas a la corrupción porque es un tema cercano a la población», señaló.

«Tenemos que estar atentos porque cuando se habla ligeramente de corrupción, también se saca a lo privado de escena», concluyó

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