Una ausencia en el banquillo
Hoy comienza el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El juez Bonadío tuvo un rol de doble encubrimiento. Separado de la causa por no investigar nada durante años, favoreciendo a su ex jefe Corach, el juez Galeano y el comisario Palacios, el magistrado armó una causa paralela para espiar la otra y desató una guerra con el espía Antonio «Jaime» Stiusso.
Después de 19 años en que los familiares de las víctimas del atentado lucharon contra los jueces, fiscales y factores de poder que hicieron todo lo posible para frenar las pistas y desviar la investigación, llegó el tan esperado juicio oral. Por primera vez en la historia, estarán sentados en el banquillo de los acusados ex gobernantes, ex jefes de inteligencia, un ex juez, ex fiscales y un ex dirigente de la comunidad judía.
Según consigna Página/12 en su edición del miércoles, el juez Claudio Bonadío tuvo tres episodios particulares vinculados con la causa AMIA.
El primero, se trata de un hecho tan polémico como poco conocido. De 2000 a 2005 Bonadio tuvo a su cargo la investigación de las maniobras del caso AMIA.
Sin embargo, la Cámara Federal le quitó el expediente el 17 de noviembre de 2005 porque consideró que el juez no había movido la causa ni un milímetro, beneficiando a su amigo Juan José Galeano y a quien fuera su jefe, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, dos conocidos personajes menemistas.
Asimismo, a pesar de que la causa de inició en 2001 a raíz de la declaración del ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz, quien contó, desde adentro, como fueron las maniobras en el caso AMIA, Bonadio tardó cinco años para llamar a alguien a indagatoria y lo hizo justo cuando todos los que convocó a declarar –nada menos que treinta– debían testimoniar en el Consejo de la Magistratura contra Galeano. Así, ninguno pudo ir al Consejo con el argumento de que podrían auto-incriminarse en la causa judicial. Con ese llamado a indagatoria, Bonadío estaba beneficiando, claramente, a su amigo Galeano.
Bonadio tardó cinco años para llamar a alguien a indagatoria y lo hizo justo cuando todos los que convocó a declarar –nada menos que treinta– debían testimoniar en el Consejo de la Magistratura contra Galeano
Una copia del fallo fue enviado al Consejo de la Magistratura para que resolviera si debía tomar medidas disciplinarias porque el magistrado ocultó que había sido subsecretario general y secretario de Legales de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. “Bonadio ocultó información –dice el fallo de la Cámara–, generando serias dudas sobre la corrección de la conducta del recusado, que ocultó los cargos que ocupó. Por ello debe intervenir el Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura.”
José Manuel Ubeira, el abogado del ex comisario Juan José Ribelli, había recusado a Bonadio justamente por esa razón: carecía de imparcialidad para investigar a su ex jefe. Pero el abogado cometió un pequeño error: en la recusación dijo que Bonadio estuvo con Corach en el Ministerio del Interior y el magistrado contestó que nunca trabajó en ese ministerio.
El segundo episodio polémico que protagonizó el juez fue la creación de un expediente paralelo -el 10507/05- apenas se hizo público que estaban a punto de quitarle la causa oficial. El juez utilizó esta nueva causa para ocultar varias de las irregularidades que tuvieron lugar en los procedimientos, despachándolas en causas aparte.
Bonadio utilizó esta nueva causa para ocultar varias de las irregularidades que tuvieron lugar en los procedimientos, despachándolas en causas aparte.
Luego del atentado contra la AMIA, el comisario Palacios debía allanar domicilios de la familia de Alberto Kanoore Edul, porque ocho días antes del golpe, llamó por teléfono a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que tuvo en su poder la camioneta que –según el Tribunal Oral– fue usada para cometerlo. Pero, además, hubo un camión que dejó un volquete frente al edificio de la AMIA cinco minutos antes de la explosión; en la hoja de ruta que tenía el chofer del camión figuraba que pasó por un predio de Kanoore Edul antes de dirigirse a la AMIA. A esto se agrega que la empresa de volquetes tenía antecedentes de haber comprado Amonal, el material usado en el explosivo.
Ante estas evidencias, se ordenaron tres allanamientos a las propiedades. Lo curioso fue que el jefe policial o alguien de su entorno registra dos llamados a celulares pertenecientes a Kanoore, lo que hace suponer que le avisaron del procedimiento. En lugar de allanar a la mañana, se hizo mucho más tarde, cuando todos en la cuadra sabían que se estaba por tomar esa medida.
Además, su padre, conocido de Carlos Menem, se reunió con el hermano del presidente, consiguiendo que de los tres allanamientos sólo se hiciera uno, y que se suspendiera la intervención telefónica a la familia.
Todos estos elementos eran materia de investigación, junto con la desaparición de cassettes, el pago a Telleldín y otras irregularidades. Pero en agosto de 2005, el fiscal Nisman presentó una nueva denuncia porque uno de los policías que participó del allanamiento a Kanoore Edul, el principal Carlos Alberto Salomone, declaró que la firma en las actas no era la suya, que se la falsificaron. En el nuevo expediente creado por Bonadío, este suceso no fue incluido.
El tercer episodio que involucra a Bonadío tiene que ver con esta causa paralela y su arbitrariedad, lo que provocó que, en el marco de una guerra entre espías y policías –SIDE versus Policía Federal–, Stiusso tomara buena parte de su actuación para acusar a Bonadio de maniobrar a favor del policía Palacios. Muy poco antes de ser desplazado, Stiusso, con la colaboración del fallecido fiscal Alberto Nisman, presentó en noviembre de 2014 la denuncia contra Bonadio.
Muy poco antes de ser desplazado, Stiusso, con la colaboración del fallecido fiscal Alberto Nisman, presentó en noviembre de 2014 la denuncia contra Bonadio.
El hecho es que, además de no incluir la falsificación de las firmas, el magistrado pidió medidas que nada tenían que ver con este hecho trascendental; los números de celulares que se usaron en los allanamientos, los entrecruzamientos de llamadas, información acerca de los testigos y que se le remitan todas las declaraciones. Según la denuncia de Stiusso, el objetivo era juntar los datos que necesitaba la defensa del policía.
Aún en este particular expediente Bonadío se tardó tres años en llamar a Palacios a declaración indagatoria. Lo hizo en noviembre de 2008, pero antes libró un oficio a la UFI- AMIA reclamando “todos los informes y listas de comunicaciones y quienes hicieron los llamados”. En otras palabras, estaba pidiendo –dice la denuncia de Stiusso– todos los datos existentes sobre el celular 154-446-0442 que supuestamente usaba la gente de Palacios y desde el cual se comunicaron con Kanoore Edul antes de los allanamientos.
Al final, Bonadio le echó la culpa de las actas falsas a otro comisario, Carlos Antonio Castañeda, pero antes, se encargó de visitar personalmente a Palacios en el penal de Marcos Paz, según otra denuncia, esta vez realizada por el fiscal Alberto Nisman.
Como era de esperar, en mayo de 2010 la Cámara anuló el procesamiento de Castañeda y también le quitó esta causa a Bonadio, con durísimas críticas.
El siguiente paso fue el lógico: que el expediente referido a las firmas truchas del allanamiento se uniera a toda la investigación sobre el encubrimiento y las irregularidades. Por eso quedó en manos del juez Ariel Lijo: “las actuaciones en el caso de las firmas deben ser anuladas –escribió Lijo– porque han sido realizadas por un magistrado cuya continuidad frente a la investigación de las irregularidades del atentado contra la AMIA estaba vedada por su falta de imparcialidad”. Esta decisión también fue confirmada por la Cámara Federal.
En definitiva, este es Claudio Bonadío, el magistrado preferido del Diario Clarín. Este es el hombre que, además de arrastrar más de una decena de causas en su espalda, de formar parte de la famosa lista de la servilleta del ministro de Economía Domingo Cavallo, logró, a través de estas nefastas maniobras, “el encubrimiento del encubrimiento”.
