Un joven con certificado de discapacidad fue detenido por la policía por echar de su lote a empleados municipales que arrojaban escombros en el mismo.
El director de Defensa Civil Alberto Janin fue quién habría dado las primeras órdenes en este acto de suma violencia institucional por parte de la Municipalidad de Aguilares, localidad tucumana.
«El miércoles 1 junio se presentaron camiones de la Municipalidad para arrojar basura en mi lote, por lo que yo no los dejé ingresar . A través de una orden falsa, de un supuesto fiscal, sin mandarme un escrito, igual entreron con los vehículos» comentó el damnificado a IB24.
El hombre, además dijo: «Lo que yo hice es una denuncia de abuso de poder en tribunales. Necesito que se presente la policía federal y me notifique. Los únicos que se hacen presente, es la policía de la provincia y me lleva preso. Mi terreno es un lote fiscal de la estación de ferrocarriles. Y eso pertenece a lajurisdicción federal» declaró a este medio, Gordillo.
Desde hace unos días Eduardo Gordillo, vecino del barrio Independencia vive el abuso institucional del poder político del municipio de Aguilares. En un predio que ocupa hace mas de 16 años, perteneciente a la ex terminal de Ferrocarriles Argentinos, donde viven más de una docena de vecinos en diferentes espacios; Gordillo, fue víctima de la inusitada violencia descargada en su contra por el accionar mafioso de las autoridades que actúan con apoyo de las fuerzas policiales y de la Justicia de Concepción, sin mostrar ninguna documentación.
Ante esto, la policía tucumana dice actuar por instrucciones de la fiscalía a cargo de Ramon Enrique Rojas y de su auxiliar fiscal Pedro Landívar, hecho que le fue negado cuando, posterior a estar privado de su libertad, Gordillo concurre al centro judicial para enterarse que nadie había librado orden alguna, o causa en curso, en su contra.
El despliegue de 30 policías para hostigar, maltratar, amedrentar a Gordillo, fue aberrante. Primero por ignorar la constitucional presunción de inocencia que le asiste como a cualquier persona en el país, luego por su condición de salud, que lo convierte en una víctima doblemente vulnerable.
Los intereses políticos han pergeñado un mecanismo de tortura como en la época de la dictadura cívico militar y hace de Gordillo, un objetivo de las fuerzas policiales en su pueblo, por cuenta y orden del estamento partidario a cargo de las funciones públicas en el municipio de Aguilares.
Requiere, además de la intervención judicial, la reacción de organismos de Derechos Humanos, ante lo que puede convertirse en un delito de lesa humanidad.
Como no se conseguían respuestas por parte de la fiscalía del accionar policial, Gordillo realizó una denuncia en el Ministerio Púbico Fiscal de la provincia, también se le pidió una explicación al Ministro de Seguridad Gamboa, pedido que fue recibido por la secretaria del funcionario. Incluso, se recurrió a través de una comunicación telefónica, una explicación al funcionario Alberto Janin y su jefe político, Sergio Mansilla, actual vicegobernador de la provincia.
El sábado, los empleados municipales siguen invadiendo el predio del damnificado nuevamente con la complicidad de las fuerzas policiales, sin presentar ningún escrito de quien les dio la orden para ingresar al lote y llenarlo con escombros y restos de residuos, como si fuera un vertedero en territorio de Ferrocarriles Argentinos.
Es la familia Mansilla, a cargo del poder político comunal quien actúa como si vivieran en la época más oscura del país, donde se somete a las personas, se las vulnera y se las apresa, para quitarle derechos y libertad con absoluta impunidad.
Fuente: La Voz del Pueblo
