Reclaman al presidente Fernández revertir licencias a Clarín

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mendoza reclamó al presidente que cancele toda concesión, contrato y licencia con cualquiera de las empresas del Grupo Clarín por encontrarse incursas en los delitos previstos en la ley 27.401.

Se trata de transgresiones establecidas en la denominada Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que incluyen dádivas o cohecho, coadyuvar a incumplimiento de funciones y tráfico de influencias de funcionarios públicos, producción de informes falsos, entre otros. Todos ellos están verificados, según APDH Mendoza, en la causa que se lleva adelante por el cónclave de jueces, políticos macristas y gerentes del grupo Clarín en Lago Escondido.

La ley 27.401 prevé, según informan en el comunicado, “multa, suspensión total o parcial de actividades, suspensión de participación en concursos o licitaciones o servicios públicos, disolución y liquidación, pérdida o suspensión de beneficios estatales, decomiso”. Todas ellas serían aplicables a las empresas del grupo, cuyos medios que utilizan espectro radioeléctrico (radio, TV, internet, telefonía, etc.) y también la TV por cable, que dependen de una licencia del ENACOM para usar ese patrimonio público.

La organización de Derechos Humanos pide, en la misma línea, que se excluya al grupo de la futura licitación de las frecuencias para la teconología “5G”. Asimismo hacen responsable al presidente, que, en caso de no adoptar este temperamento se convertirá en cómplice y coautor de los delitos denunciados.

Deben revertirse las licencias al grupo Clarín

Durante los últimos meses de 2022 se produjeron una serie de revelaciones que por la salud de nuestras instituciones no pueden quedar impunes.

Un conjunto de jueces, el procurador de CABA, políticos, agentes de inteligencia, especialistas en comunicación, viajaron a un encuentro con autoridades del grupo Clarín en la residencia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido. A la primera noticia de dicho encuentro, basadas en testimonios personales, se sumó una filtración de comunicaciones que ratifica la naturaleza delictiva y conspirativa del cónclave. De mínima está acreditado el delito de dádivas y sobornos.

APDH ha caracterizado reiteradamente el funcionamiento de los medios hegemónicos de comunicación, y en particular ha señalado al grupo Clarín como responsable de afectaciones graves al derecho humano a la comunicación social, a la libertad de expresión y a recibir información veraz. El 28 de julio de 2021, con base en ese diagnóstico, propuso a distintos organismos de gobierno, de los tres poderes estatales, un conjunto de medidas que se pueden consultar en este link: El comunicado de APDH Mendoza

Hoy nos encontramos ante un hecho flagrante que tiene implicancias penales, civiles y administrativas. Nos referimos a la comisión por parte del grupo Clarín de los delitos previstos en la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Están corroborados al presente delitos de: cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, eventuales enriquecimientos ilícitos, informes falsos, todos ellos previstos en el Art. 1 de la citada ley.

La norma mencionada prevé sanciones de: multa, suspensión total o parcial de actividades, suspensión de participación en concursos o licitaciones o servicios públicos, disolución y liquidación, pérdida o suspensión de beneficios estatales, decomiso.

Siendo así, quedando expresa la incursión del grupo Clarín, comprobado en las personas de sus representantes Jorge Rendo y Pablo Casey, en las infracciones previstas en la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, solicitamos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández:

1. Excluya preventivamente al grupo Clarín de la licitación de la tecnología denominada “5G” que ha sido anunciada por el gobierno.

2. Suspenda y revierta a favor del Estado las licencias de uso de espectro radioeléctrico que ostenta el grupo Clarín a lo largo de todo el país, tanto para telefonía, internet, televisión por cable, televisión por aire, radio.

3. Suspenda y revierta, tal como prevé la legislación, todo beneficio, concesión, convenio, contratación, etc., que tuviera el grupo Clarín, en cabeza de cualquiera de sus sociedades componentes, con el Estado Nacional.

4. Examine cualquier acto administrativo adicional tendiente a sancionar al grupo Clarín en aras de reparar la gravísima afrenta institucional cometida contra la democracia argentina.

Advertimos al presidente y otros funcionarios que no actuar con tal temperamento los convertirá en partícipes de los delitos denunciados.

Convocamos a la dinámica sociedad civil argentina a una gesta nacional para evitar que el grupo Clarín siga delinquiendo contra la soberanía y derechos de nuestro pueblo.