Rafael Correa: «Como no nos pueden vencer en las urnas, aplican el lawfare»
En una nueva avanzada contra los líderes regionales, la jueza Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente de Ecuador. El ataque contra Correa es un calco del llevado adelante contra Lula da Silva en Brasil y de la arremetida mediático-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Correa aseguró que se trata de “una estrategia regional” y afirmó: “Han tomado la Justicia con el apoyo de la prensa corrupta”.
Este miércoles, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente Rafael Correa, acusado del secuestro de un opositor en 2012. En lo que se evidencia como una nueva arremetida del brazo mediático-judicial contra líderes populares de la región, Correa fue acusado de estar involucrado en el secuestro del exasambleísta suplente Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia.
Al igual que sucedió con el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, la acusación contra Correa no está basada en pruebas, sino en testimonios de supuestos arrepentidos. El accionar contra el exmandatario ecuatoriano, contra el líder brasileño y contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner evidencia la articulación entre las corporaciones mediáticas y judiciales para eliminar la participación de estos referentes y evitar la recomposición del campo popular.
En declaraciones al canal multiestatal TeleSUR, el expresidente afirmó: “Yo no espero absolutamente nada de la Justicia ecuatoriana […] esto cambiará cuando cambie la situación política, porque esto es puramente político: evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña próxima de marzo de 2019. En octubre (Lenín) Moreno dijo que me quería ver preso, desde ahí tengo trece procesos penales. Han tomado la Justicia con el apoyo de la prensa corrupta”, sostuvo.
“Tenemos que entender que esto es parte de una estrategia regional. No nos pueden vencer en las urnas y aplican el lawfare: la judicialización de la política con los más grandes abusos, y el mundo calla”, remarcó.
Gabriela Rivadeneira, una de las principales referentes políticas de Ecuador, señaló: “Existe una estrategia regional de persecución a los líderes progresistas de Argentina, Brasil y Ecuador. Esta estrategia la advertimos hace tres años desde Ecuador bajo la denominación de ‘Restauración Conservadora’, que en nuestro país se concretó desde el cambio de mando en mayo 2017”.
“El ‘lawfare’ o judicialización de la política en el Ecuador violenta los más elementales derechos y garantías de las personas, como la del debido proceso legal, y a nivel institucional se ha manifestado con la ruptura del orden constitucional y un fuerte debilitamiento del Estado de derecho. Además, como ya ocurre en Brasil, en nuestro país también se ha manifestado mediante la proscripción de la participación política de nuestra organización: la Revolución Ciudadana”, sostuvo.
Rivadeniera afirmó que “es importante que ustedes conozcan que en Ecuador la estrategia del lawfare se expresa a través de cuatro mecanismos. Uno: la persecución administrativa desarrollada desde la Contraloría General del Estado contra los funcionarios que formaron parte del gobierno de Rafael Correa.
Dos: la persecución desde los órganos de la función judicial; mediante este mecanismo es que se persigue a Rafael Correa con un juicio penal fabricado para intentar su detención violentando las garantías del debido proceso.
Tres: la modificación de los marcos constitucionales e institucionales del Estado, para lograr una proscripción política de Rafael Correa, por si el plan judicial les falla.
Cuatro: el bloqueo político, que impide la representación de una de las principales fuerzas de la escena política ecuatoriana, como lo es la Revolución Ciudadana. Estos cuatro ejes forman parte de una estrategia que rompe con los principios elementales del Estado de derecho y la vida republicana”.
“Esta estrategia regional para eliminar de la escena política a los líderes progresistas se realiza con la complicidad necesaria del aparato judicial y los medios de comunicación. Ambos se necesitan para poder desarrollar este nuevo mecanismo de golpes blandos que se han experimentado en nuestra región para influenciar en la política, ya que no pueden hacerlo mediante las urnas. Es decir, son los poderes hegemónicos y fácticos los que están detrás de estos mecanismos para denigrar y desprestigiar los proyectos progresistas que mostraron ser efectivos al momento de mejorar la calidad de vida de los pueblos y han tocado los intereses de los grupos de poder como nunca antes en nuestro continente, bajando las brechas de desigualdad que han golpeado siempre a los más pobres del continente”, concluyó la dirigente.
