Piden que la hermana del rey Felipe VI no sea juzgada por delitos de evasión fiscal

La infanta, de 50 años, está imputada por cooperar con su esposo en los dos delitos que cometió en 2007 y 2008 contra la Hacienda Pública (evasión fiscal).

El seudo sindicato Manos Limpias, que ejerce de acusación popular y es el único querellante en su contra, reclama para ella una pena de 8 años de prisión y una multa de 2 millones de euros.

«El bien jurídico protegido [del delito fiscal] es el patrimonio de la Hacienda Pública en su dimensión recaudatoria, más allá del interés general, por lo que tiene que acusar la Abogacía estatal como perjudicada directa», argumentó Silva en la primera jornada del juicio oral, en la que se abordaron las «cuestiones previas».

Alineándose con la defensa y amparándose en la misma jurisprudencia, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, también solicitó el sobreseimiento de Cristina de Borbón.

Solicitamos la nulidad auto de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón», afirmó uno de los abogados de la hermana del monarca, Jesús María Silva, esgrimiendo, como se esperaba, la «doctrina Botín

«La única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo de la causa», dijo Horrach, quien siempre se opuso a su procesamiento.

Según el procurador, juzgar a la infanta «es quebrantar la igualdad y discriminarla de forma injustificada». Por eso, espera que el tribunal «devuelva la Justicia al lugar que le corresponde».

La abogada del Estado, Dolores Ripoll, se sumó al pedido de su colega y subrayó que para abrir juicio por un delito fiscal es obligatorio que acuse la Abogacía estatal o la Fiscalía.

«No existe acusación pública en materia tributaria», sostuvo, solicitando que no se legitime la acusación de Manos Limpias.

Ripoll remarcó que la frase «Hacienda somos todos», que es uno de los principios en que se basa la acusación es «un eslogan publicitario sin rango jurídico».

Sin embargo, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, defendió que la «ley no estable ningún límite» a su actuación.

De acuerdo con la letrada, hay una diferencia entre la infanta y el caso del banquero Emilio Botín -citada como jurisprudencia del Tribunal Supremo- y es que éste último sólo fue acusado y la causa fue sobreseída en su totalidad.

Aquí, en cambio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que los delitos fiscales sí se cometieron, puesto que acusan a Urdangarin.

Este criterio es el que comparte también el juez instructor José Castro y la Audiencia Provincial de Baleares, recordó.

López Negrete advirtió finalmente que sacar a la Infanta del banquillo «perjudica a la justicia española, es un gravísimo ataque a las instituciones del Estado, empezando por la Corona y a la propia Infanta, que quedará estigmatizada».

Al menos un millón de los euros que se apropiaron fueron a parar a la empresa Aizzon, una «sociedad pantalla», ideada por la trama y que la infanta Cristina y su marido comparten al 50%
En el juicio por el llamado Caso Nóos están imputadas un total de 18 personas, presuntamente involucradas en el saqueo de más de 6 millones de euros de las arcas públicas a través de una trama urdida por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con gobiernos que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP), sin que mediara contrato alguno.

Urdangarín, considerado como el cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión. El ex jugador de handbol está acusado de delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

La esperada cita de Cristina de Borbón ante los tribunales es un hecho excepcional que ha causado gran revuelo en España puesto que es la primera vez en democracia que un integrante de la Casa Real española se sienta en el banquillo de los acusados.

En medio de una gran expectativa mediática, la hermana del monarca y su esposo llegaron juntos al edificio donde se celebra el juicio oral, situado en las afueras de Palma de Mallorca y no hicieron declaraciones.

Con una foto del rey Felipe VI presidiendo la sala, sentados en la misma fila pero sin estar uno al lado del otro, ambos escucharon con semblante serio los cargos en su contra.

Tras casi cinco años de investigación, el juez instructor José Castro, concluyó que Urgangarin y su ex socio crearon la Fundación Nóos, una entidad deportiva supuestamente sin fines de lucro, con la intención de enriquecerse haciendo negocios con distintos gobiernos, utilizando las influencias políticas de la Corona, que les servían como cobertura.

Al menos un millón de los euros que se apropiaron fueron a parar a la empresa Aizzon, una «sociedad pantalla», ideada por la trama y que la infanta Cristina y su marido comparten al 50%.

Durante la instrucción, el juez encontró «numerosos indicios» de que la infanta participó de los negocios ilegales de su esposo, pero la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado siempre defendieron su inocencia, lo que llevó a que la acusación en su contra quedara reducida al delito fiscal.

Los procuradores no la acusan, pero consideran que sí se benefició del dinero obtenido indebidamente por su marido. Por eso, le piden una multa millonaria.

El escándalo de corrupción Nóos, que estalló en plena crisis económica cuando España afrontaba altos niveles de desempleo y duras medidas de ajuste, provocó gran indignación en la sociedad española.

La sospecha de que la Corona española estaba manchada de corrupción sacudió los cimientos de la institución, al punto que fue uno de los factores de presión que llevó a un desgastado rey Juan Carlos a abdicar a favor de su hijo, Felipe VI, quien ahora intenta recuperar el prestigio perdido.(Télam)