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Otro movida turbia del gobierno peruano contra las víctimas de represión

Le prohibieron el ingreso a los organismo de DD.HH.

Se realizó el Primer Encuentro Nacional Ciudadano de Víctimas del Régimen de Dina Boluarte. Los organismo internacionales de DD.HH. no pudieron participar tras impedirseles el ingreso al país.

Familiares y víctimas de la represión en Perú, denunciaron la impunidad en torno a los asesinatos de manifestantes y demandaron la renuncia de Boularte.

El encuentro se realizó en Juliaca, en el departamento de Puno (sur), donde acordaron continuar con la exigecia de juicio para los responsables de las masacres perpetradas en ese Perú durante las movilizaciones contra el actual gobierno.

Los participantes acudieron de distintos departamentos: Apurímac, Cusco, Ayacucho y Puno. La denuncia es por la impunidad que impera en torno a los asesinatos de manifestantes.

Denuncia Ciudadana

Durante el encuentro se difundió un documento que alude a los «asesinatos extrajudiciales, masacres y violeciones de Derechos Humanos en el Perú durante las protestas contra el régimen de Dina Boularte». Pueden acceder al texto haciendo click.

La doctrina de la cobertura blanca

Con la intención de que las violaciones de DD.HH. no queden bajo las miradas internacionales el gobierno peruano ya ha reprimido coberturas periodísticas como detalla el paper «Denuncia Ciudadana» sin embargo ante el Primer Encuentro Nacional Ciudadano de Víctimas reforzó sus medidas impidiendo el ingreso al país de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH.

Fue el diputado Federico Fagioli quién intento dar a conocer la resolución impulsada por la congresista Patty Chirinos, pertenenciente a la bancada Avanza País, al que definió como un partido neoliberal que formó parte de la Carta de Madrid, un documento de extra derecha impulsado por es espacio ultraconservador VOX.

El legislador aseguró que la prohibición señala a Juan Grabois entro otros 16 integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH, organización que se encuentra investigando violaciones y delitos en Colombia pero que además lo hacen en Perú. La disposición emitida por Migraciones asegura que la prohibición del acceso responde a que son considerados «una amenaza» al orden interno y «promover movilizaciones».

Una marcha por la verdad

Las familias de las víctimas de la represión militar y policial anunciaron que organizarán una marcha a la capital, Lima, para reclamar el avance de las investigaciones sobre la represión, que hasta el momento provocó la muerte de más de 60 manifestantes.

Los participantes realizaron un plantón en la Plaza de Armas de Juliaca, otro momento en que recordaron a las 19 víctimas de la represión en esa ciudad, que perdieron la vida el 15 de enero pasado, y a quienes fueron asesinados el 10 de diciembre en Ayacucho.

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