Oposición reclama al Gobierno por el tratamiento en el Congreso del rescate de EEUU

Son dos proyectos presentados por el peronismo y por los diputados Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Marcela Pagano,el objetivo es aumentar el control legislativo sobre la capacidad del Estado nacional para adquirir empréstitos.

Javier Milei pretende el rescate del tesoro estadounidense en la gestión Trump, a contraprestación de unas elecciones legislativas amañadas al paladar libertario.

La oposición salió al cruce al advertir al Ejecutivo nacional que previo debate parlamentario pues
cualquier operación de créditicia estatal deberá ser puesta a consideración y contar con la aprobación del
Congreso, en cumplimiento de la Constitución. Además, proponen modificar la ley Guzmán para endurecer los controles.

A través de una resolución, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, y un proyecto de ley redactado por Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia) junto a Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), las bancadas opositoras salieron a marcarle la cancha al oficialismo en medio de las discusiones que podrían desembocar en un salvataje económico. (Fuente: Ámbito)

Además, pide al Poder Ejecutivo que someta a la consideración de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación «cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos» o «con la administración de los Estados Unidos de América» y que se brinde toda la documentación al respecto, con particular atención «a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento» del préstamo.

El texto advierte que el gobierno de Javier Milei lleva adelante una “política de confrontación abierta” con el
Poder Legislativo con «declaraciones ofensivas» hacia sus integrantes. Y recuerda que en los dos años de
gestión, el Gobierno optó por gobernar sin Presupuesto ante su negativa a conformar consensos.
Pese a ello, los diputados firmantes remarcaron que un acuerdo financiero con el Tesoro de EEUU debe ser
enviado al Congreso para su tratamiento. De otra manera, violaría «de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”.